Justicia

El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, que depende de la ministra, Nancy Sosa, sugirió favorecer la libertad condicional de Diego Ponce. Nueve funcionarios provinciales firmaron el informe que respaldó la decisión judicial. Poggi atacó a la jueza pero ocultó la responsabilidad de su gobierno.

El gobernador atacó a una jueza por el caso de la niña agredida en Santa Rosa. Omitió que el Instituto Provincial de Reinserción Social, que depende de su gobierno, también es responsable del control de condenados con libertad condicional y reinserción.

La Corte Suprema provincial atraviesa un conflicto interno que mezcla resistencias institucionales, disputas de poder político y decisiones polémicas, como aumentos salariales que llevarían haberes de magistrados a $24 millones. La situación pone en foco tensiones entre el Poder Judicial y la Legislatura de Santa Cruz.

El gobernador evitó asumir cualquier responsabilidad por la difusión selectiva de imágenes dentro del servicio penitenciario. Su respuesta evasiva dejó al descubierto el rol del Ministerio de Seguridad y el uso político de un caso judicial.

La Comisión de Derecho Penal afirmó que la resolución contra Scarzo, De Pascuale y Varela carece de sustento jurídico y podría afectar el ejercicio profesional.

El Tribunal cerró sin investigar tres expedientes por presunto mal desempeño y castigó a los profesionales que impulsaron la denuncia. Un fallo que expone la lógica de disciplinamiento dentro del sistema judicial puntano.

La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.

Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.

El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.

La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.

El diputado nacional fue imputado, junto a otros ex funcionarios, en una causa que califica de “trucha”. Denunció que el gobernador Claudio Poggi usa la justicia para perseguir opositores y desviar la atención de su propio patrimonio millonario, acumulado tras décadas en el Estado.

El 4 de enero en la sección Rosca y Tongo Verano, desde El Mosquito adelantamos la llegada de Rafael Berruezo al Poder Judicial. Pasó un tiempo y el propio gobernador lo confirmó. El poggismo avanza firme para controlar el único bastión que le falta.

Se reveló que Sol Puntano contrató a la empresa Los Tres Olivas SAS, vinculada a Cesar Oliva y al ministro Federico Trombotto, como proveedores. El entramado de una red de negocios y privilegios desde adentro del Estado.

Andrés "Pocho" Heredia fue acusado de facturar millones a la empresa de transporte municipal, pese a ocupar un cargo jerárquico dentro del Ejecutivo. La denuncia apunta a un conflicto de intereses y a una posible malversación de fondos públicos.

Solicitan rechazar el pedido de prisión, mientras la defensa argumenta razones de seguridad personal.

Funcionarios del programa responsabilizaron al intendente Jorge Gastón Hissa por la falta de controles en las escuelas.

Tiene la misma tipografía, los colores y el vector del mapa que utiliza la gestión Poggi. Qué hará la justicia al respecto, luego de la apelación que el oficialismo hizo al logo del Frente Justicialista.

La estrategia: presión política, trolls y meter funcionarios afines. En plena campaña electoral, el gobierno quiere quedarse con el único poder que no controla.

Era una de las obsesiones del gobernador, Claudio Poggi. En su lugar, pondrían a Rafael Berruezo, actual director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. El oficialismo avanzará con una “reforma” que prevé cambiar los integrantes del Superior Tribunal y de algunas fiscalías, entre otros cargos.

Por Luciano Trigo Robert.

La jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la ciudad de San Luis, ordenó a la Municipalidad “que reincorpore inmediatamente” a una persona que fue dada de baja en enero.

Esperan desde hace días un puesto y horarios de trabajo como tenían antes de ser despedidos. Mientras tanto el intendente sacado promete jury contra los jueces que no hagan lugar a sus pedidos.

En su entorno aseguran que está sacado. Maneja una doble vara para las resoluciones judiciales a favor y en contra.