Redacción
Nueve funcionarios del Servicio Penitenciario de San Luis recomendaron liberar a Diego Domingo Ponce, condenado a perpetua por femicidio, quien días después atacó a una niña de 10 años en Santa Rosa. El Consejo Correccional, que depende del ministerio de Seguridad que comanda Nancy Sosa, firmó un dictamen sugiriendo "favorecer el beneficio de la libertad condicional" para Ponce. El documento fue clave para que la jueza Nora Villegas otorgara la polémica medida.
El Consejo Correccional es el organismo técnico-profesional del Servicio Penitenciario encargado de evaluar conducta, salud y educación de internos para emitir dictámenes sobre beneficios como salidas transitorias y libertad condicional. Su dictamen positivo es crucial para la decisión judicial final. Para liberar a un interno hace falta un informe criminológico que parte desde el Servicio Penitenciario, organismo que depende del Ejecutivo provincial. Una vez liberado, el seguimiento corresponde al Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS), que también depende del gobierno provincial.
El gobernador, Claudio Poggi atacó públicamente a la jueza Villegas al día siguiente de la agresión y abriendo una nueva operación contra la Justicia. "Ahí hubo una jueza, la doctora Villegas, de Villa Mercedes, que me dicen que ya van varios casos de libertad condicional", señaló el gobernador. Lo que omitió por conveniencia es que cualquier juez que otorgue el beneficio debe basarse en informes confeccionados por autoridades penitenciarias provinciales que tienen trato frecuente con el interno.
El documento que le abrió las puertas a Ponce está firmado por funcionarios que dependen del ministerio de Sosa. El textual dice que el organismo cree conveniente favorecer la libertad condicional y sugiere que el femicida asista a un espacio psicoterapéutico en el medio libre. Para el gobierno, el caso sirve para seguir atacando a la Justicia y avanzar en su control total, pero esconden la responsabilidad de sus propios funcionarios con la ministra de Seguridad a la cabeza.
Poggi culpa a la jueza pero oculta que nueve empleados provinciales recomendaron la liberación y que el IPReS, organismo del gobierno provincial, debía controlar a Ponce una vez en libertad. La responsabilidad es compartida entre Justicia, Servicio Penitenciario y el sistema de reinserción provincial, pero el gobernador prefiere atacar solo a la primera.
