Redacción
Claudio Poggi atacó a la Justicia por el caso de la niña agredida en cercanías de Santa Rosa por un condenado a cadena perpetua con libertad condicional desde octubre. El gobernador apuntó contra la jueza que otorgó la medida: "¿Quién se hace cargo de eso? Hubo un juez que le dio la libertad condicional". Sin embargo, jugó de espectador y omitió que el Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS), que depende del ministerio de Gobierno, también es responsable directo de la reinserción y el control de personas con ese tipo de medidas.
El gobierno provincial tiene competencia directa en el seguimiento de condenados con libertad condicional pero prefirió señalar a la Justicia.
El IPReS figura en la web oficial con un discurso alentador sobre políticas de reinserción, pero en la práctica no funciona. El organismo provincial debería garantizar el control y seguimiento de personas con prontuario delictivo que obtienen libertad condicional, pero el gobierno no explicó qué hizo el IPReS para controlar al agresor de la niña de Santa Rosa. Poggi obvió esta responsabilidad institucional al atacar a la jueza. Cabe descatar que es un área que tiene varios funcionarios y una partida presupuestaria destinada a actividades que no se publicitan.
El caso fue usado como punta de lanza para seguir embistiendo contra la Justicia y avanzar en su control político. El gobierno quiere hacer de espectador en un tema donde tiene responsabilidad directa. Fuera de los errores que también le caben a la Justicia y a la Policía, la gestión de Poggi controla el organismo que debería prevenir este tipo de situaciones pero no rinde cuentas sobre su funcionamiento.
Cuando era oposición, el poggismo usó los crímenes y desapariciones más dolorosos para hacer campaña. A tres años de gobernar, nada cambió, siguen aprovechando hechos de violencia para hacer política y culpar a otros mientras ocultan las fallas del Ejecutivo provincial. El ataque a la jueza es parte de una estrategia conocida, señalar para no ser señalados.
El gobierno provincial administra el IPReS pero jugó de espectador cuando el sistema falló. Poggi culpó a la Justicia por otorgar la libertad condicional pero no explicó por qué el organismo provincial no controló al condenado. La responsabilidad es compartida, pero el gobernador prefiere hacer política antes que rendir cuentas sobre las instituciones que dependen de su gestión y en el medio sigue la sociedad que no entiende de operaciones políticas.
