El exdirector de Legalidad y Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger afirmó ante la Justicia que no tenía responsabilidad funcional ni administrativa sobre el campo El Caburé, en el Departamento Dupuy, y que todas las decisiones vinculadas a la cosecha del maíz —valuada en más de dos millones de dólares— emanaron directamente de Ricardo Bazla, entonces secretario de Estado, y del fiscal de Estado de ese entonces, Víctor Endeiza. El campo, expropiado por el gobierno provincial, es el centro de la causa por defraudación contra la administración pública que instruye el fiscal Leandro Estrada.
Oviedo Helfenberger fue el número dos de la Secretaría de Ética que el gobierno de Poggi eligió como chivo expiatorio cuando estalló el escándalo. Hoy está imputado, sus superiores, todavía no.
Cuando el gobierno de Claudio Poggi habló por primera vez del escándalo por la desaparición del maíz del campo El Caburé, lo hizo para señalar a un exfuncionario propio. La maniobra tenía una lógica, concentrar la responsabilidad en el eslabón más débil de la cadena.
Según el relato de Oviedo, fue el secretario de Ética quien le pidió buscar un contratista para cosechar el maíz ante el avance del tiempo. Obtenidos los presupuestos, redactó un borrador de contrato y lo consultó con Endeiza, que dio el visto bueno por WhatsApp. El contrato lo suscribió el propio Bazla en representación del gobierno provincial, con el contratista de apellido Anselmi. Oviedo dijo que dejó el contrato firmado por por las partes en manos de Bazla y desconoce si éste lo formalizó mediante expediente.
Lo que Oviedo relató con mayor énfasis fue la reacción de su superior cuando comenzó el proceso judicial, ante el reclamo de un particular, Bazla —quien dio todas las órdenes y suscribió el contrato— intentó atribuirle la responsabilidad penal a él, un subordinado de línea inferior. "Yo era un cadete", sintetizó Oviedo, y calificó la conducta como "mezquina y cobarde".
El próximo 25 de marzo a las 9:00, el juez de Garantías N°1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, presidirá la audiencia en la que Ricardo Bazla —hoy secretario de Ética de la provincia— deberá responder por la acusación de defraudación. La paradoja institucional es difícil de eludir: el funcionario a cargo de la ética pública provincial es quien enfrenta un proceso penal por la administración de un bien del Estado.
