Durante dos años, el oficialismo convirtió la compra de un colectivo en emblema de corrupción. La Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener ese delito, pero la maquinaria comunicacional ya había hecho su trabajo. ¿Cuánto costó instalar un relato que no se pudo probar?

El oficialismo Invirtió millones en pauta oficial, operaciones mediáticas, alquiló dos colectivos y quedó en nada. La fiscalía pidió entre 5 y 7 años de prisión. El Colegio de Jueces absolvió a la ex secretaria de Deportes por falta de pruebas suficientes y le aplicó una condena en suspenso que no implica un solo día de cárcel.

Cierran los alegatos de una causa que el poggismo explotó durante meses en medios y redes: una perito que desconoce parámetros básicos del mercado automotor, una auditoría firmada por un funcionario próximo a ser indagado por corrupción, y el testimonio del propio ex gobernador que desmontó el argumento central de la fiscalía.