RedacciónConcejales de la oposición de Villa de Merlo denunciaron penalmente al intendente en licencia Juan Álvarez Pinto y al interino Leonardo Rodríguez por un vacío institucional que pone en duda la validez de todos los actos administrativos del último mes. Ana Laura Ferraroti (Colectivo Comechingones), Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Lucía Miranda (Frente Justicialista) solicitaron que la Justicia investigue a Rodríguez por usurpación de títulos y honores. Según la denuncia, ejerció funciones públicas sin título válido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, cuando la licencia de Álvarez Pinto ya estaba vencida.
La denuncia contra Álvarez Pinto se fundamenta en incumplimiento de deberes de funcionario público. La oposición sostiene que no reasumió su cargo ni solicitó prórroga legal en tiempo y forma al vencerse su permiso el 23 de diciembre. "No es una mera irregularidad administrativa. Es una omisión grave que afecta la seguridad jurídica de los vecinos", sentenció la concejal Ferrarotti. La falta de una ordenanza o decreto de prórroga deja al municipio en situación de acefalía técnica.
El escrito exige que el Boletín Oficial de la Provincia y el municipio remitan copias certificadas de todas las disposiciones dictadas entre el 23 de diciembre y el 30 de enero. Cada decreto, nombramiento y licitación firmado en ese periodo queda bajo cuestionamiento legal. A pesar de que el oficialismo intentó minimizar el conflicto en medios locales, la Justicia deberá determinar si existió autorización legal para el periodo posterior al vencimiento de la licencia.
Esta situación demuestra que el gobierno de Poggi hace lo que quiere con los municipios aliados. Si la situación fuera de un intendente opositor, sería un escándalo operado en los medios poggistas con denuncias, allanamientos y presión judicial inmediata. En Merlo, un municipio del oficialismo, hay vacío institucional durante más de un mes y el silencio es total. La Provincia avala con su inacción una acefalía técnica que invalida todos los actos administrativos recientes.
La denuncia pone en evidencia que Álvarez Pinto y Rodríguez operaron sin marco legal durante semanas. El intendente electo no reasumió ni pidió prórroga, el interino ejerció sin título válido y la Provincia no intervino. Todos los decretos, nombramientos y licitaciones del último mes están jurídicamente cuestionados mientras el gobierno provincial mira para otro lado.
