Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
En los hospitales públicos ya no hay margen para el maquillaje poggista, faltan insumos, los salarios se hunden y el Gobierno intenta vender un 5% como un logro. La brecha entre el relato oficial y la realidad del sistema sanitario expone una crisis que se agrava
El gobernador insiste en que “la educación lo es todo”, pero cuando tuvo que votar por nuevas universidades nacionales, desapareció del recinto. Hoy recibe honores académicos mientras su historial legislativo dice exactamente lo contrario.
El Gobierno provincial volvió a chocar con los sindicatos al ofrecer un incremento salarial muy por debajo de lo reclamado. La propuesta llega en un clima de tensión, protestas en marcha y un creciente desgaste de los sueldos estatales.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
Así lo determinó un estudio del Indec en base a los datos del primer semestre, cuando la pobreza afectaba a casi un tercio de la población.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras San Luis lidera el ranking nacional de ajuste en Educación, la Universidad Nacional de Villa Mercedes distinguirá a Claudio Poggi por su supuesto “apoyo al sistema educativo”. El homenaje suena más a culto a la personalidad que a mérito académico.
El gremio estatal presentó un recurso para revertir la medida de restricción que impide a sus dirigentes acercarse al intendente Jorge Gastón Hissa. Acusan a la Justicia de actuar sin pruebas y de avalar una maniobra política para acallar la protesta social.
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
Mientras el escrutinio definitivo se realizará este martes y la diferencia es de apenas siete votos, el intendente Damián Gómez y el candidato poggista Ignacio Olagaray iniciaron el traspaso de mando. La foto dio más letra a quienes hablan de un acuerdo político.
El candidato Daniel Orlando denunció el “avasallamiento institucional” del gobierno de Poggi y exigió revisar todas las urnas. Asegura que la elección fue manipulada con el aparato provincial y reclama transparencia.
El oficialismo de Poggi desempolvó las encuestas truchas para inflar la imagen del intendente de San Luis. Pero los vecinos respondieron con ironía y enojo: los números pueden mentir, las calles rotas y los impuestos no.
Con la billetera del gobierno, Ignacio Olagaray se impuso por un puñado de sufragios ante Daniel Orlando, que sin estructura ni recursos rozó la hazaña. Damián Gómez, el actual intendente, terminó tercero cómodo.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.