MosconiEl aparato mediático del gobierno provincial salió con desesperación a anticipar que Rafael Berruezo presentará una denuncia contra Alberto Rodríguez Saá "el jueves o el viernes". El anuncio no llegó desde la Fiscalía de Estado sino desde la política, y eso dice todo sobre la naturaleza del acto, no es una decisión de oficio, es una reacción de daño. Luego de que saliera hundido del estrado y con la necesidad de recuperar terreno.
Durante el testimonio de Rodríguez Saá, el fiscal suplente intentó mostrarse como un súper letrado y terminó recibiendo un "no disimule" que le cerró el paso. Había intentado lucir sus credenciales cuando el exgobernador hizo referencia a "los chicos". Se ofuscó, quiso imponerse y no pudo. El tribunal, además, rechazó su planteo de nulidad sobre la declaración, avalando la postura de la defensa, que tiene que ver con que el exgobernador no se autoincriminó porque actuó dentro de la ley al otorgar el subsidio para la compra del colectivo de San Luis FC.
La causa contra Cintia Ramírez viene mostrando las costuras desde adentro. Los testigos que la Fiscalía presentó como piezas clave resultaron flojos y contradictorios en el estrado. No se logró demostrar el supuesto sobreprecio en la operación cuestionada y algunos supuestos beneficios personales de la ex funcionaria. El argumento se redujo a señalar procedimientos sin probar irregularidades. La defensa acreditó que el subsidio pasó por todos los filtros institucionales, Asesoría Legal, Ministerio de Hacienda, Fiscalía de Estado, Secretaría General de la Gobernación y Contaduría.
Berruezo llegó al cargo como operador del poggismo, no como jurista independiente. Su paso por la Fiscalía de Estado suplente está más ligado a la persecución de opositores que a construcciones jurídicas sólidas. Incluso por su curriculum, en el gobierno decidieron ponerlo como "adjuntor" y no como el titular. La causa Ramírez es funcional a esa lógica, mantiene a figuras del gobierno anterior bajo presión pública mientras otras causas incómodas para el oficialismo esperan en un cajón.
Que el gobierno anuncie públicamente una denuncia antes de que se formalice no es un gesto institucional. Es la señal de un armado político que no encontró respaldo en la sala y busca oxígeno afuera. Los alegatos y la sentencia por el caso Ramírez están previstos para este viernes.
