MosconiEl Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial absolvió por el beneficio de la duda a la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez en la causa que el poggismo construyó durante años como su caso emblema: las supuestas irregularidades en la adquisición de un colectivo para el San Luis Fútbol Club. El tribunal, integrado por Fernando de Viana, Karina Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur, determinó que las pruebas recolectadas no alcanzaron para sostener una condena. En tanto, por negociaciones incompatibles con la función pública la condenó a un año y medio de prisión en suspenso, pero no irá presa y la defensa ya advirtió que apelará.
El dato que define políticamente este fallo no está en la sentencia sino en lo que la precede. El gobierno de Claudio Poggi no solo financió la persecución judicial con pauta oficial, editorialistas y operaciones en redes, también habrían destinado fondos a solventar un colectivo apostado en la puerta de Tribunales, que fue contratado por un empresario cercano. Aun así, el tribunal no encontró mérito suficiente para condenar. Pocas veces una operación de Estado fracasa de manera tan costosa y tan concreta.
La fiscalía llegó al juicio oral reclamando penas de entre 5 y 7 años de prisión efectiva. Ese número no surge de la nada, refleja la confianza de un aparato que creyó haber armado un caso sólido después de años de inversión política, mediática y económica. El resultado los deja sin argumento, no alcanzó con el colectivo, no alcanzó con los medios, no alcanzó con la presión que se ejerció sobre el tribunal desde el inicio del juicio oral.
La condena por negociaciones incompatibles sugiere que Ramírez habría actuado en una zona de superposición entre sus funciones y sus vínculos con el club. Pero esa figura, con pena en suspenso, es exactamente lo que el poggismo descartó como insuficiente cuando diseñó la operación. Querían años de cárcel y cámara, obtuvieron lo que más les incomoda mostrar, una causa sin fondo, financiada con plata del Estado.
El dinero público volcado en pauta, redes y en el propio colectivo no tiene devolución. Tampoco la tiene el daño construido durante años sobre la figura de Ramírez a partir de un expediente que el tribunal no pudo sostener. Lo que sí quedó en pie, después del fallo, es la pregunta sobre quién responde por el uso de recursos del Estado para armar una causa que se cayó por falta de pruebas
