San Luis

Legisladores del Bloque Justicialista cuestionaron el discurso de apertura de sesiones del gobernador Claudio Poggi. Lo acusaron de omitir los temas centrales de la agenda social y de confundir gestión con marketing político.

Al menos dos efectivos entraron al predio universitario el miércoles 1 de abril mientras se desarrollaba una clase pública en el marco del conflicto salarial. La Facultad de Ciencias Humanas denunció una violación de la autonomía universitaria y exigió explicaciones a las autoridades provinciales.
 

El gobernador habló más de tres horas en la Legislatura y dedicó las primeras dos al Ministerio de Educación. No hubo anuncios sobre viviendas, trabajo, salud ni producción. Afuera, la Policía reprimió a trabajadores estatales de ATE que reclamaban salarios.

La ex jefa de despacho de la Secretaría de Ética declaró ante la Fiscalía el 20 de marzo. Redactó resoluciones por orden del secretario, perdió el trabajo después de declarar y asegura no tener nada que ver con lo que ocurrió en El Caburé.

Una nueva adjudicación a una integrante del gobierno provincial reabrió la polémica en la semana en que Poggi realizó sorteos habitacionales. Es pareja de un diputado provincial y al menos la tercera funcionaria del gabinete en beneficiarse con una vivienda en el mismo barrio. 

Después de meses de marchas y reclamos sin respuesta, el gobierno provincial desembolsó 960 millones de pesos para sostener prestaciones a 471 personas con discapacidad. Los entregó como préstamo. 

Los sindicatos estatales llevarán el reclamo salarial al centro simbólico del poder provincial. El 1° de abril, mientras el gobernador inaugure el año legislativo, la protesta se instalará sobre la Av. Santos Ortiz a la altura de la Legislatura.

Los Centros de Atención al Vecino también quedaron alcanzados por el deterioro de los servicios municipales. En el barrio Jardín, las oficinas presentan yuyos altos y falta de mantenimiento, en medio de un escenario general de deterioro en la ciudad de San Luis.

Coordinadores desvinculados de escuelas generativas rurales denuncian despidos sin sumario, difamación pública por parte de funcionarios del Ministerio y una mesa de diálogo que nunca se realizó.

El gobierno provincial intenta reencuadrar el caso de corrupción más resonante de la gestión de Claudio Poggi, después de que el secretario de Ética Ricardo Bazla fuera imputado por ocho delitos, el oficialismo trabaja para instalar que no hay daño cuantificado y presionar al Tribunal de Impugnaciones, que debe resolver el planteo de nulidad presentado por la defensa de Bazla.

Un proyecto de ley en Mendoza prohíbe que funcionarios públicos accedan a viviendas del IPV. En San Luis, donde varios cargos del poggismo ya recibieron casas del Estado, el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras y no ha movido un papel.

Tres colaboradores internos declararon ante la Fiscalía en la causa El Caburé. Sus testimonios coinciden, Bazla controlaba todo, no hay expediente sobre la cosecha del maíz y las represalias contra quienes hablaron fueron inmediatas.

El escándalo que sacude al gobierno de Poggi, funcionarios de alto rango imputados por el robo de maíz valuado en más de dos millones de dólares de un campo expropiado en el sur provincial

Teresa Nigra estuvo de recorrida en Villa Mercedes junto a Poggi el mismo jueves en que los médicos residentes iniciaron una medida de fuerza de dos días por salarios que no alcanzan y condiciones laborales sin encuadre legal.

En casi tres años de gestión, el intendente de San Luis redujo su acción municipal a pintar juegos y tomarse fotos. La recolección de basura, el agua, las cloacas y el estado del centro quedaron sin respuesta.

La reacción del gobernador ante la acusación a Ricardo Bazla por siete delitos de corrupción dejó expuesta una tensión que en Terrazas venían negando. 

Arrancó a las 9:45 en la Sala de Juicios Orales Nº 2 de Villa Mercedes y se extendió hasta la tarde. Al cierre, el secretario de Ética Pública tenía ocho cargos encima, una prohibición de ingresar a Casa de Gobierno y emitió su renuncia. 

El lunes 23 de marzo, jugadores del Sporting Club Victoria agredieron a un árbitro y a rivales en un torneo de fútsal juvenil. El viernes anterior, la presidenta de la Liga Puntana había publicado fotos de una reunión con la policía para "garantizar la seguridad en nuestras canchas".

La audiencia se realizará este miércoles 25 de marzo en el marco del expediente que investiga posibles hechos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, peculado y hurto calificado.