Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
En los hospitales públicos ya no hay margen para el maquillaje poggista, faltan insumos, los salarios se hunden y el Gobierno intenta vender un 5% como un logro. La brecha entre el relato oficial y la realidad del sistema sanitario expone una crisis que se agrava
El Gobierno provincial volvió a chocar con los sindicatos al ofrecer un incremento salarial muy por debajo de lo reclamado. La propuesta llega en un clima de tensión, protestas en marcha y un creciente desgaste de los sueldos estatales.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
El oficialismo de Laura Sánchez busca retener la conducción de la Liga con respaldo del gobierno provincial y denuncias de presiones a los clubes. Del otro lado, Rubén Rey, con apoyo de AFA, intenta poner fin a años de manejos turbios y desconfianza.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura
La inscripción masiva para el Centro de Monitoreo en Juana Koslay mostró el rostro más crudo del ajuste: cientos de puntanos peleando por unos pocos puestos. Ni el intendente ni el gobernador logran esconder la falta de trabajo real en la provincia.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.
El Poder Ejecutivo se prepara para impulsar leyes con la nueva conformación del recinto.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.