La lista de casi 3.000 inscriptos incluyó a dirigentes del oficialismo y familiares del intendente con licencia. La comunidad denuncia que su participación desplaza a familias que realmente necesitan una vivienda.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
La publicación del padrón de inscriptos al plan habitacional “Tenemos Futuro” generó un fuerte malestar en Villa de Merlo. Entre los casi 3.000 postulantes (equivalentes a casi el 10% de la población) aparecieron funcionarios municipales, concejales oficialistas y familiares directos del intendente con licencia y actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto. El dato encendió una reacción inmediata, los vecinos que denuncian que estas inscripciones restan oportunidades a quienes atraviesan necesidades reales.
Según publicó el medio El Corredor, En el listado figuran dos concejales del oficialismo y dos funcionarios clave del gabinete merlino: el secretario de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable, Julio Francisco Javier Leiva, y el secretario de Comunicación y Eventos, Gonzalo Mastronardi, el mal recordado funcionario echado del gobierno provincial por atacar a dos himnos de la música puntana.
Aunque no existe una prohibición legal para que dirigentes en funciones se inscriban, la percepción pública va por otro carril. Los vecinos sostienen que un plan destinado a resolver un déficit estructural, que golpea con más fuerza a trabajadores sin respaldo económico, pierde legitimidad cuando quienes administran el Estado compiten dentro del mismo universo de beneficiarios.
El reclamo no quedó limitado a Merlo. En Carpintería, la aparición del concejal Walter Núñez entre los inscriptos reavivó sospechas sobre un uso oportunista de los programas habitacionales por parte de sectores vinculados al poder municipal.
En los próximos días se publicará el segundo padrón, integrado por quienes presentaron la documentación completa. De esa nómina surgirán los habilitados para el primer sorteo previsto para este mes. Mientras tanto, el registro oficial dejó instalada una discusión que va más allá del número de viviendas disponibles: la relación entre la necesidad social y la conducta ética de quienes ocupan cargos públicos.
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