Escándalo y nerviosismo por una publicación en el boletín oficial, trolls y una desmentida demasiado guionada

La publicación de un decreto en el Boletín Oficial que confirma que el concejal oficialista Diego Videla recibió una vivienda del Estado provincial desató una reacción inmediata dentro del poggismo. Lejos de aportar una explicación institucional clara, el gobierno optó por una estrategia de operaciones con entrevista al propio beneficiado, desmentidas forzadas y una fuerte activación en redes sociales. El resultado fue inverso al buscado, la operación terminó ratificando el dato difundido por El Mosquito Puntano.

El sitio Todo Un País, cuya línea editorial responde públicamente al gobernador Claudio Poggi y el manejo periodístico lo desarrolla, el ahora ultra oficialista, Daniel Poder, publicó una nota y una entrevista con Videla en la que pretendían refutar la información. Sin embargo, el propio concejal confirmó el punto central, recibió una vivienda del Estado mientras ejercía un cargo público.

La inscripción original al plan habitacional data de 2011, pero la adjudicación efectiva se produjo cuando ya integraba el Concejo Deliberante. El dato figura en el Boletín Oficial y fue reconocido por el propio entrevistado.

La reacción oficial no se limitó solo al blindaje mediático. El propio ministro de Vivienda, Hugo Rossi, intervino directamente en redes sociales, replicando el relato defensivo y evitando responder la pregunta clave del por qué un concejal del oficialismo accedió a una vivienda estatal cuando miles de familias, incluso con más antigüedad en los registros, continúan esperando una solución habitacional. La omisión no fue menor, el eje del conflicto no es la inscripción, sino la adjudicación durante el ejercicio de una función pública.

A ese operativo comunicacional se sumó la activación de un esquema coordinado de cuentas truchas en redes sociales, tipico movimiento del poggismo, que buscó desacreditar la publicación, atacar al medio y desplazar el foco del debate. El despliegue de trolls dejó al descubierto el nivel de nerviosismo que generó un dato surgido de la propia documentación oficial del Estado. 

La opereta se vuelve más evidente al revisar los antecedentes recientes. El mismo oficialismo que ahora se escandaliza por la difusión de un dato público no tuvo ningún reparo en exponer mediáticamente a familiares de concejales opositores cuando recibieron viviendas. En aquellos casos, la publicación fue presentada como un acto de transparencia, en este, como una operación. 

Resulta más que raro que en un gobierno que predica "moralina y transparencia", elijan publicarse las viviendas que reciben familiares de opositores y no las de un concejal del bloque oficialista en la capital. Es así, como la doble vara del poggismo no admite demasiadas interpretaciones. 

El intento de construir una épica defensiva también incluyó la victimización del concejal, quien sostuvo que la publicación “se metió con su familia”. Sin embargo, la imagen difundida por El Mosquito Puntano tenía los datos personales debidamente blureados y solo exponía su condición de funcionario público, categoría que implica un deber reforzado de rendición de cuentas. No se difundió información privada, sino un acto administrativo de interés público.

No es la primera vez que Videla queda envuelto en episodios que incomodan al oficialismo. Meses atrás, fue mencionado públicamente cuando se lo detectó prestando servicios mediante la aplicación Uber, una actividad que no está habilitada en San Luis y que, paradójicamente, debería ser regulada y controlada por el propio Concejo Deliberante. El antecedente vuelve a colocar al edil en el centro de contradicciones difíciles de explicar.

El caso Videla expuso una fragilidad mayor, la distancia entre el discurso oficial de transparencia y la práctica política real. La incomodidad no surgió por una publicación periodística, sino por un hecho administrativo que no resiste defensas creativas.