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Ley de Narcotest: Mientras Merlo y La Punta refuerzan los controles, en la capital siguen sin realizarse
Mientras La Punta y Merlo avanzan con controles obligatorios, la capital provincial sigue sin aplicar la ley. Hissa se adhirió en 2024, lo anunció con énfasis y nunca la ejecutó.
RedacciónLa implementación de la Ley del Narcotest volvió a exhibir diferencias políticas y de gestión entre los municipios de San Luis. Este miércoles, en Casa de Gobierno, autoridades provinciales y los intendentes de La Punta y Villa de Merlo informaron el avance concreto de los controles obligatorios en sus administraciones. En la ciudad de San Luis, en cambio, la norma permanece sin aplicación efectiva, pese a que el intendente Jorge Gastón Hissa fue uno de los primeros en adherir formalmente, en octubre de 2024.
En aquel momento, Hissa prometió que el narcotest sería obligatorio para todos los funcionarios municipales mientras se desempeñaran en sus cargos. La medida fue presentada como un gesto de transparencia institucional y compromiso ético. Sin embargo, a más de un año de la adhesión, no se realizó ningún control en el ámbito del Estado Municipal capitalino, y no hubo explicaciones públicas sobre la inacción.
Desde el Gobierno provincial informaron que el universo de personas alcanzadas por la ley se amplió hasta llegar a 12.200 individuos en toda la provincia. La cifra incluye a funcionarios de los tres poderes en distintos municipios, pero excluye a la totalidad de los funcionarios de la ciudad de San Luis, donde la norma sigue sin ejecución práctica.
En La Punta, el intendente Luciano Ayala confirmó que el municipio afrontará el costo total de los exámenes y que en 2025 serán sometidos a controles 63 funcionarios de los tres poderes, tras la actualización de concejales. En la Villa de Merlo, el operativo abarcará a unas 50 personas, entre gabinete, concejales y autoridades del Juzgado de Faltas. Ambos municipios firmarán convenios con la Universidad Nacional de San Luis para garantizar la realización de los estudios.
El contraste deja a la capital provincial en una posición incómoda. Mientras otros municipios avanzan con decisiones concretas, en San Luis la ley quedó atrapada en la lógica del anuncio sin ejecución. La falta de implementación reabre interrogantes sobre la coherencia entre el discurso institucional y las prácticas reales de gobierno, en un tema que el propio oficialismo presentó como símbolo de transparencia y control ético.
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