Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
Tras el reclamo de los vecinos del barrio Cerro de la Cruz y la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Municipio debió suspender la instalación de una torre de telefonía celular que ya estaba completamente montada.
La presidenta del cuerpo fue cuestionada por violaciones al reglamento, abuso de poder y maltrato institucional. Fue protegida por el oficialismo, pero la causa seguirá en la Justicia.
Andrés "Pocho" Heredia fue acusado de facturar millones a la empresa de transporte municipal, pese a ocupar un cargo jerárquico dentro del Ejecutivo. La denuncia apunta a un conflicto de intereses y a una posible malversación de fondos públicos.
El jefe comunal no solo incumplió su palabra, sino que abandonó por completo el seguimiento del problema. Contaminación, desidia y un Estado ausente.
La avenida Juan Gilberto Funes parece un campo minado. Arreglan un caño y revientan tres. Los vecinos ya no saben si viven en una ciudad o en Venecia.
El Municipio eligió pagar más de $40 millones de pesos por encima de los valores sugeridos. Concejales del Bloque Justicialista presentaron un pedido de informe al intendente para que aclare la situación.
El intendente lo mandó a apurar por los medios cercanos a los oficialismo. Ya habían tenido un encontronazo, cuando Laura Sánchez fue elegida presidenta del Concejo Deliberante.
La crisis golpea fuerte al empleo privado en San Luis mientras el gobierno provincial y municipal miran para otro lado. Las promesas de apoyo quedaron en slogans de campaña.
ATE manifestó su preocupación por la escalada de la violencia institucional en el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Apuntan contra el intendente Jorge Gastón Hissa, María Paz Pagano y Laura Sánchez.
El intendente se benefició, otra vez, por el arrastre del oficialismo. Pero en números reales, solo una porción de los vecinos votó a la actual gestión.
Amparistas de Granja La Amalia se manifestaron frente al Municipio reclamando al jefe comunal.
Desde hace un año el gobierno difunde estar supuestamente ubicado entre las mejores gestiones del país, en un ranking que pondera a quien paga más pauta.
Los ediles del oficialismo estuvieron todo mayo sin trabajar y esta semana no fue la excepción. La oposición elevó un acta con duras críticas hacia el intendente y sus representantes en el Legislativo municipal.
Se trata del pasquín oficial “Todo un país”, financiado con pauta millonaria del Estado provincial que nadie lee, pero que todos pagamos.
Testigos contaron que el operario se trasladaba sin ningún tipo de protección. En las redes sociales decenas de personas han denunciado a distintas empresas que prestan servicios en la Municipalidad por no estar en condiciones. Aseguran que todas son del mismo dueño y es muy cercano a la familia del intendente.
Fotos y denuncias de vecinos en distintos puntos de la ciudad retrataron vehículos de la gestión municipal rayando la cartelería de la oposición. Juego sucio a falta de buenos números.
Funcionarios del programa responsabilizaron al intendente Jorge Gastón Hissa por la falta de controles en las escuelas.
“Cuiden su trabajo”, les advirtió la edil, a días de las elecciones, repitiendo la lógica del intendente Jorge Gastón Hissa.
Un vecino, en un accidente, rompió un frasco de formol y desató un caos. Daniel Piñeda, subsecretario de Ingresos Públicos y Fiscalización de Hissa, escapó del lugar y dejó a los trabajadores para que se hagan cargo de la situación, algunos debieron ser atendidos por intoxicación. El personal de maestranza debió limpiar el piso sin guantes y barbijos, por la falta de insumos en la gestión municipal.
Raspando el fondo de la olla, el intendente de San Luis ya no sabe que dibujar para levantar los números en la campaña. La desesperación de una gestión que lleva un año y medio y todavía no se acomodó.
Según indicaron los vecinos de la zona, una inauguración de la gestión de Jorge Gastón Hissa dejó sin servicio a miles de familias.
Los ediles oficialistas además de no querer trabajar cometieron un acto de sincericidio advirtiendo que el intendente se puso a trabajar ahora por los comicios del 11 de mayo.
Los ediles oficialistas sufren el síndrome Alberto Leyes y no sesionarán hasta que pasen las elecciones. Otra maniobra antidemocrática de una gestión que se cae a pedazos.
Las expresiones vertidas en este resumen político, son exclusivamente de orden humorístico, periodístico e irónico. Quien no lo entienda así, deberá recursar compresión de textos, según la edad escolar que le corresponda.
La ola polar evidenció las graves falencias edilicias de las instituciones escolares en la provincia. El Ejecutivo amagó con adelantar las vacaciones de invierno, pero ante el rechazo de la comunidad educativa, debió retroceder.
Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
Cuando las manifestaciones llegaron a Terrazas del Portezuelo, el gobierno accedió a las demandas de los vecinos del barrio La Vecindad, que reclamaban acceso a la electricidad.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.