MosconiPara el gobierno de Javier Milei el trabajador parece haberse convertido en una ecuación económica: un número, un gasto, una variable a recortar para equilibrar balances. Para los gremios, en cambio, el trabajador sigue siendo una persona que trabaja para vivir y no alguien que deba vivir para trabajar. Esa diferencia de visión quedó expuesta con crudeza tras el anuncio de la CGT de avanzar hacia un paro nacional de 24 horas contra la reforma laboral que impulsa el oficialismo. La medida, que se definirá formalmente este lunes, amenaza con abrir una nueva etapa de confrontación social en un país que ya atraviesa una crisis profunda de empleo, salarios y consumo.
La reforma laboral que promueve el Gobierno es presentada como una herramienta para “modernizar” el mercado y reducir la litigiosidad, pero desde el sindicalismo sostienen que detrás del relato técnico se esconde una transformación estructural que cambia el vínculo entre capital y trabajo. Bancos de horas, cambios en indemnizaciones y nuevas limitaciones al derecho a huelga aparecen como piezas de un modelo que prioriza la rentabilidad empresaria por sobre la estabilidad del empleo. En ese escenario, la CGT comenzó a endurecer su postura luego de meses de cautela, presionada por bases que ya no aceptan negociaciones silenciosas mientras el Congreso avanza con leyes que consideran regresivas.
El paro nacional no surge en el vacío. Llega después de movilizaciones frente al Congreso, protestas sectoriales y un clima social cada vez más cargado. Dirigentes sindicales adelantaron que “trabajarán para que sea una gran huelga”, un mensaje que busca demostrar fuerza frente a un Gobierno que apuesta a debilitar el poder de las organizaciones laborales. Para el oficialismo, la resistencia gremial es parte de una vieja lógica corporativa que frena cambios necesarios; para la CGT, en cambio, la reforma representa un retroceso histórico que precariza condiciones laborales y diluye derechos conquistados durante décadas.
En el fondo, la discusión no es solo económica sino profundamente política y cultural. Milei propone un modelo donde el mercado ordena las relaciones laborales y donde la eficiencia se mide en términos de reducción de costos. Los sindicatos responden con una lógica distinta: sostienen que el trabajo no puede analizarse como una simple variable financiera porque detrás de cada contrato hay familias que dependen de ese ingreso para subsistir. Esa tensión explica por qué la huelga nacional podría transformarse en algo más que una protesta puntual: sería una disputa por el sentido mismo del modelo de país que se está construyendo.
El escenario que se abre es incierto. Si la CGT logra una adhesión masiva, el Gobierno enfrentará una demostración de fuerza que podría complicar el avance legislativo de la reforma y obligar a recalcular estrategias. Si la medida pierde impacto, el oficialismo podría interpretar el resultado como un aval social para profundizar su agenda. Pero más allá del resultado inmediato, el conflicto deja una señal clara: el debate sobre la reforma laboral ya dejó de ser una discusión técnica en el Congreso y se convirtió en una batalla simbólica sobre qué lugar ocupa el trabajador en la Argentina que viene. Y en esa disputa, las calles vuelven a ser el terreno donde se mide el verdadero poder político.
