RedacciónPor orden del gobernador, Claudio Poggi, la Fiscalía de Estado denunció al diputado Darío Neira por expresar su apoyo público a reclamos de recomposición salarial. La insólita presentación fue realizada por el fiscal adjunto Rafael Berruezo y el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón y tiene como excusa una supuesta "incitación a la violencia".
Neira, ex jefe de la Policía provincial, había publicado mensajes respaldando el reclamo de oficiales que rechazan el aumento del 10% anunciado por el Ejecutivo. Los uniformados exigen una mejora salarial real, en línea con la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El gobierno interpretó ese acompañamiento como "incitación" y activó el mecanismo de denuncia penal que usa siempre.
La estrategia del gobernador con los reclamos salariales tiene antecedentes peligrosos. Desde 2023, cada demanda gremial por mejoras de haberes recibió como respuesta una presentación judicial ordenada desde el Ejecutivo.
El contexto económico provincial agrava la situación. Los salarios del sector público perdieron poder adquisitivo de forma sostenida desde que Poggi asumió. Los índices de pobreza en San Luis crecieron y la administración provincial enfrenta cuestionamientos por gestión deficiente en áreas clave como salud, seguridad y producción. En ese marco, el gobernador prioriza silenciar reclamos antes que discutir recomposiciones salariales reales.
La denuncia contra Neira ocurre mientras crece la tensión con la Policía. Poggi sigue de cerca lo sucedido en Santa Fe, donde la fuerza de seguridad se acuarteló reclamando mejoras salariales. El antecedente santafesino funciona como advertencia, y el gobernador apuesta a cortar de raíz cualquier intento de organización del reclamo policial en San Luis. Este jueves oficiales y familiares realizaron una protesta en la puerta de la Jefatura, que aunque no fue masiva, revela un hartazgo que antes no se hacía público.
El caso revela además un método de control político implementado por orden del gobernador. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que equipos gubernamentales monitorean redes sociales de legisladores opositores y medios de comunicación. La denuncia contra Neira surgió de ese seguimiento sistemático. Poggi construyó una estructura de vigilancia sobre la actividad pública de la oposición, especialmente cuando se vincula con reclamos de trabajadores estatales.
La decisión del gobernador de criminalizar el apoyo de un legislador a demandas salariales instala un precedente institucional grave. El mandatario provincial no tolera disidencias en torno a su política de ajuste. Periodistas que preguntaron fuera del discurso oficial fueron atacados, gremios que reclamaron paritarias terminaron denunciados por orden suya, y ahora un diputado enfrenta consecuencias penales por acompañar a trabajadores.
La jugada de Poggi contra Neira no apunta a resolver el conflicto salarial. Busca establecer que cualquiera que respalde los reclamos de estatales tendrá un costo político y judicial. En una provincia donde los salarios públicos se derrumbaron por la política de ajuste que él mismo implementó y la crisis social se profundiza, eligió perseguir a quienes señalan el problema en lugar de abordarlo.
El mensaje que envía Poggi es claro, quien visibilice el deterioro salarial enfrentará denuncias penales ordenadas desde su despacho. Y la democracia, bien gracias.
