LavalleDesde dentro de la propia estructura de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), emergen documentos que contradicen narrativa oficial: la deuda se disparó sin control bajo la gestión de Luis Petri como ministro de Defensa, un dato que golpea de lleno en la salud pública de quienes integran las fuerzas armadas y de seguridad y sus familias.
Una auditoría interna a la que accedió este medio revela que en marzo de 2024 el pasivo de IOSFA era cercano a 42 mil millones de pesos (70 mil ajustados por inflación), pero para junio de 2025 esa cifra escaló hasta aproximadamente 210 mil millones de pesos, sin contar un crédito cuestionado de 40 mil millones de pesos tomado en enero de 2025.
Ese salto no es un número técnico en un balance: significa prestaciones suspendidas, afiliados que pagan de su bolsillo, y servicios que desaparecen en zonas fuera de las grandes ciudades. En el Área Metropolitana de Buenos Aires en octubre pasado se dieron de baja 200 prestadores de salud, y en Mar del Plata un hospital privado envió comunicaciones oficiales indicando la “suspensión total” de internaciones programadas y prácticas básicas.
Lo que el gobierno comunicó como un ajuste y ordenamiento financiero —o incluso la renovación de la obra social con nuevo nombre (OSFA)— no logra ocultar la contradicción entre los discursos políticos y la cruda realidad de prestaciones que se retrotraen mientras la deuda se dispara.
Y no es menor: el crecimiento real de la deuda en el primer semestre de 2025 fue del 41% respecto al trimestre anterior, lo que sugiere que no se trata de un pico transitorio, sino de un déficit estructural que persiste y se agrava.
Afiliados y sindicatos ya alertan que este desfasaje se siente en la práctica cotidiana: estudios esenciales quedan fuera de cobertura y las cirugías, que siempre fueron costosas, ahora se pagan íntegramente de bolsillo o directamente no se realizan.
La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un pedido de informes que busca respuestas claras: “¿Dónde fue el dinero? ¿Quién se hará cargo de la deuda? ¿Qué pasará con la salud de los servidores públicos?”, cuestionó en tono duro el propio documento legislativo.
Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa se suceden directores y cambios de nominación que parecen más cosméticos que estratégicos: la transición formal de IOSFA a OSFA no modifica gravemente el alcance de la cobertura, que dejó de atender a fuerzas de seguridad en favor de sólo Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Este desastre financiero no surgió de la nada. Ya en 2025 informes previos señalaban que el déficit acumulado superaba los 200 mil millones de pesos con recortes y falta de pagos a proveedores, situación que interna y externamente se intentó ocultar.
La contradicción del discurso oficial contra los datos de la auditoría no es solo contable: impacta directamente en la salud, en los bolsillos y en la confianza de una comunidad que pagó sus aportes esperando protección, no un colapso estructural.
Así, lo que para el poder era “orden fiscal”, para el afiliado significa prestar menos, pagar más y ver cómo sus derechos quedan a merced de cifras que nadie explica del todo. Porque no es un error de gestión: es un modelo que privatiza el riesgo y socializa el costo.
