MosconiEl senador provincial mendocino Mauricio Sat (PJ) presentó en marzo un proyecto de ley para prohibir que funcionarios de los tres poderes del Estado, y sus familiares directos, accedan a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. La iniciativa incluye un registro público digital de adjudicatarios, actualizado cada tres meses, y extiende la restricción hasta dos años después de que el funcionario deje su cargo. El fundamento es simple: los cargos públicos no pueden ser una ventaja en la fila habitacional.
En San Luis, esa fila tiene más de 100 mil personas. El gobierno de Claudio Poggi convirtió la vivienda en uno de sus relatos de gestión, pero la entrega efectiva de casas avanza a cuentagotas. Los sorteos se realizan con una periodicidad que alcanza apenas para mantener vivo el tema en la agenda, no para resolverlo. Mientras tanto, varios funcionarios provinciales ya recibieron unidades habitacionales durante la gestión actual.
La defensa oficial es conocida: estaban inscriptos antes de asumir sus cargos. Lo que esa explicación omite es que recibieron las viviendas mientras ejercían funciones públicas, con la influencia real que eso implica sobre los mecanismos de adjudicación. La inscripción previa no neutraliza el peso institucional de un cargo activo dentro de un sistema donde el Estado decide quién accede y cuándo.
El oficialismo puntano controla la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura. Si la transparencia y la vivienda son las banderas que el poggismo exhibe, la herramienta para concretarlas existe y está al alcance: una ley de incompatibilidades que impida a los funcionarios recibir viviendas sociales mientras están en el cargo. Que nadie la haya impulsado dice más sobre las prioridades reales que cualquier acto de inauguración.
