MosconiTres días antes de la agresión en el estadio de Victoria, Laura Sánchez posó frente a la cámara junto al subcomisario Emanuel Lucero, jefe del Registro Provincial de Empresas de Seguridad Privada de la Policía de San Luis. La imagen circuló el viernes 20 de marzo en las redes de la Liga Puntana de Fútbol. El mensaje era explícito: la máxima autoridad del fútbol local trabajaba para que "el fútbol de San Luis sea un espectáculo seguro para todos". El lunes, un grupo de jugadores de la categoría 2011 del Sporting Club Victoria agredió a un árbitro y a los rivales en cancha. La promesa y el hecho quedaron con fecha y hora.
La reacción institucional fue el comunicado que corresponde: la Liga informó que "inició el proceso correspondiente para esclarecer lo sucedido". Sin precisiones, sin responsables, sin plazos. El episodio no ocurre en el vacío. Sánchez acumula antecedentes que la gestión del fútbol local no ha procesado con transparencia: amenazas de un colaborador cercano a dirigentes, la inscripción de un jugador de fútsal bajo una identidad diferente, y las dudas que pesan sobre el alquiler de canchas de fútbol sala que son propiedad de la propia presidenta a la Liga que ella conduce.
El patrón es consistente. Cada escándalo habilita un comunicado y habilita también el siguiente silencio. La reunión con la policía fue, en ese contexto, menos una medida concreta que una operación de imagen: fotos publicadas, cargos nombrados, protocolos mencionados. Nada de eso impidió lo que pasó 72 horas más tarde.
Lo que queda visible es la distancia entre el relato institucional y los hechos. Una dirigente que acumula sospechas, que gestiona con criterio discrecional los espacios físicos del fútbol local y que responde a los incidentes con declaraciones de ocasión no construye credibilidad anunciando reuniones. La construye —o la pierde— con lo que pasa en las canchas.
