RedacciónA las 9:45 del miércoles, Ricardo André Bazla ingresó como imputado a la Sala de Juicios Orales Nº 2 del Poder Judicial de Villa Mercedes. Cuando la audiencia terminó, 7 horas más tarde, ya había renunciado a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno de San Luis. En el medio, el juez de Garantía Nº 1, Alfredo Cuello, le formuló cargos por ocho delitos vinculados a la desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares en el campo "El Caburé".
Antes de que comenzara cualquier otra cosa, la defensa intentó cortar la audiencia de raíz. Bautista Rivadera planteó la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no se había cumplido con la notificación del artículo 38 del Código Procesal Penal. El fiscal Leandro Estrada lo rebatió punto por punto, ya que Bazla se había presentado en forma espontánea en octubre de 2024 y participó activamente del proceso desde entonces, entonces no existía violación al derecho de defensa. El juez rechazó el planteo y siguió la audiencia, aunque Rivadera apeló en el acto y es la única "esperanza" que tiene Bazla.
Estrada tomó entonces la palabra para relatar los hechos. La causa había arrancado con una denuncia en diciembre de 2025. Lo investigado: actos de disposición de una cosecha de maíz en un campo de 1.997 hectáreas sobre la Ruta Provincial Nº 27, kilómetro 144, sin cumplir los procedimientos de la Ley de Contabilidad y en perjuicio del Estado provincial. El fiscal solicitó cargos por defraudación por administración fraudulenta. Luego llegó el turno de Darío Oviedo, también con formulación de cargos por la misma causa, quien dijo que había cumplido indicaciones de sus superiores jerárquicos —Bazla y Víctor Endeiza— y mencionó comunicaciones telefónicas como respaldo.
En tanto, Pascual Celdrán, por la querella, fue más lejos que la fiscalía y pidió ampliar los cargos a falsedad ideológica, utilización de instrumento público falsificado, estafa procesal, abuso de autoridad, hurto calificado y peculado. Su colega Alejandro Viano coincidió y agregó que no existían actos administrativos que justificaran la toma de posesión del campo. Fue en ese momento cuando el juez Cuello hizo una observación que atravesó la sala: dijo que le llamaba la atención la posición de Fiscalía de Estado, que le endilgaba menos delitos a Bazla que a Oviedo, cuando era el propio Oviedo quien declaraba haber cumplido órdenes de su entonces jefe. Pretender dos estándares jurídicos distintos en esa relación, dijo el juez, era una interpretación forzada. Es por eso que dio lugar a los ocho delitos pedidos por la querella.
MEDIDAS CAUTELARES
El tramo final fue el de las medidas cautelares. La querella pidió prisión preventiva por 60 días, argumentó que era la única forma de evitar el entorpecimiento del proceso y señaló conductas concretas de Bazla durante la investigación. El juez no hizo lugar a la preventiva, dispuso en cambio las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal —firma mensual del libro de presencia, prohibición de acercamiento a partes del proceso y prohibición de salida del país— y agregó por su cuenta la prohibición de contacto con funcionarios públicos y el ingreso a Casa de Gobierno, salvo autorización judicial expresa.
Cuando la audiencia cerró, la agencia oficial del gobierno ya tenía publicada la renuncia de Bazla. En su carta al gobernador, el exfuncionario escribió que no quería dañar "la impecable gestión" ni "la lucha contra la corrupción" que encabeza el Ejecutivo. El mismo día que la justicia le formuló ocho cargos por corrupción.
