LavalleEn el tercer día del juicio, Rafael Berruezo dejó de interpretar un expediente y tomó una decisión. No fue técnica. Fue política.
Cuando Alberto Rodríguez Saá asumió la decisión de comprar el colectivo (sin hablar de delito ni reconocer irregularidades), el fiscal adjutor eligió forzar otra lectura: habló de autoincriminación y deslizó una denuncia penal. No fue un matiz. Fue un giro en plena audiencia.
Y fue, sobre todo, una jugada en soledad.
Porque esa línea no era la que venía sosteniendo la acusación. Hasta ese momento, el foco estaba en otro lado. Con una intervención, Berruezo cambió el eje del caso y subió la apuesta sin red.
El problema no es solo lo que dijo. Es lo que hizo.
Un fiscal adjutor del Estado no habla como un abogado más. Habla desde un lugar institucional que compromete al gobierno. Cada palabra tiene peso político. Y esta vez, ese peso cayó donde no debía.
Llama la atención, además, que alguien con el título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ termine descolocado por una simple audiencia testimonial.
Y aun así, la reacción fue forzar una interpretación que no tenía respaldo.
Porque dos días después, el fallo dijo lo que esa escena había anticipado: no había pruebas suficientes para sostener el delito central.
Ahí la jugada quedó expuesta.
No como una estrategia sólida,
sino como una reacción apurada para sostener un relato que se desarmaba.
Y entonces aparece el problema real.
Porque ahora el gobierno tiene que decidir qué hace con esto.
Si respalda lo que dijo Berruezo, queda atado a una interpretación que la Justicia no convalidó.
Si toma distancia, reconoce que uno de sus funcionarios clave actuó por cuenta propia en un momento crítico.
Por eso la pregunta ya no es lo que quiso decir en esa audiencia.
La pregunta es otra:
si un funcionario de ese nivel toma una decisión política en nombre del Estado, se equivoca y expone al propio gobierno, ¿puede seguir como si nada hubiera pasado?
