Denunciarían a Claudio Poggi por $43 millones en un almuerzo: siete claves de un gasto bajo la lupa
Un almuerzo, un número y un mecanismo. El Gobierno de San Luis quedó en el centro de una nueva polémica tras conocerse que se destinaron $43.200.000 para la organización de un evento empresarial en Buenos Aires.
El dato, por sí solo, podría pasar como un gasto más. Pero cuando se lo mira de cerca, aparecen preguntas. Y una lógica que ya está siendo discutida en tribunales.
1. El número
El contrato fue de $43.200.000.
Para un evento de aproximadamente 150 personas, eso equivale a:
👉 $288.000 por cubierto
Un valor sin referencia habitual en el mercado gastronómico porteño.
2. El contraste
Restaurantes de nivel comparable en Buenos Aires cobran, en promedio, entre $30.000 y $40.000 por cubierto.
Eso ubicaría el costo total del evento en torno a los $6.000.000.
La diferencia supera siete veces ese valor.
¿Qué justifica esa brecha?
3. El mecanismo
El servicio no pasó por licitación abierta.
Fue canalizado a través de:
👉 Servicios & Consultoría San Luis S.A.P.E.M.
Un ente estatal usado como intermediario.
4. El punto ciego
En este tipo de operaciones, el problema es estructural:
Todo depende de cómo se justifique el valor.
¿Quién fija el precio… y con qué criterio?
5. El espejo judicial
Mientras esto ocurre, en San Luis avanza un juicio por presunta corrupción contra la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez, impulsado por el propio gobierno de Poggi.
Uno de los ejes: la compra de un colectivo por $290 millones, con valuación estimada en $114 millones. Supuesto sobreprecio: $175 millones.
El caso se sostiene en tres pilares:
6. La misma lógica
En el almuerzo aparecen los tres elementos:
La diferencia no está en la lógica. Está en quién firma el contrato.
7. La contradicción
Si el uso de entes y valores discutibles configura una irregularidad en manos de un ex funcionario, debería configurarla también en manos del gobierno actual.
Si no la configura, las causas contra ex funcionarios quedan en cuestión.
En el ambiente político provincial esa lectura ya circula sin demasiado disimulo:
👉 Las causas no son un ejercicio de transparencia. Son una herramienta de persecución selectiva.
El fondo del problema
No es el colectivo. No es el almuerzo. Es el estándar — y a quién se lo aplica.
La fiscalía sostiene en la causa Ramírez que hubo maniobras para direccionar recursos públicos mediante estructuras con apariencia administrativa regular.
La pregunta que queda abierta:
👉 ¿Ese mismo estándar se aplica a todos… o solo a los que ya no tienen poder?
