Poggi

Un juez de Ejecuciones Fiscales libró un oficio al Senado para retener la dieta del presidente provisional de la cámara alta por 45 millones de pesos en impuestos impagos. La orden llegó el viernes; Villarruel deberá ejecutarla. Abdala denuncia persecución política de Poggi.

Trece años después del mismo anuncio, el gobernador volvió a presentar la Historia Clínica Digital como una iniciativa de su gestión. La ministra que lo hizo en 2013 es la misma que lo hizo el viernes. El tema es el mismo,  el resultado, por ahora, también.

En su escrito ante la Justicia, el hoy ministro del Superior Tribunal reconoció haber sido consultado sobre el campo El Caburé, pero no mencionó que autorizó la cosecha ni la firma del contrato con el productor Anselmi. La querella sostiene que ambas decisiones salieron de él y pide formalmente su imputación.

Dirigentes del espacio que responde a Adolfo Rodríguez Saá cuestionaron públicamente el proyecto presentado por el gobernador ante su gabinete. No hubo rechazo explícito, pero sí señalamientos directos sobre la contradicción entre el discurso de la autolimitación y la habilitación de un tercer mandato.

El senador nacional de La Libertad Avanza denunció en el Congreso irregularidades del gobierno provincial durante el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Apuntó al escándalo por la cosecha millonaria en un campo del Caburé y a la salida del ex funcionario, Ricardo André Bazla.

El concejal justicialista Andrés Russo cuestionó la reforma constitucional que impulsa el gobernador Claudio Poggi y aseguró que el proyecto no apunta a mejorar las instituciones sino a modificar las reglas electorales para permitirle continuar en el poder.

El ex secretario de Ética del gobierno de Claudio Poggi admitió en una entrevista haber mantenido contacto con funcionarios del Ejecutivo tras su imputación por ocho delitos. La querella sostiene que esa comunicación violó una prohibición judicial impuesta para evitar interferencias en la causa.

El gobernador confirmó que la provincia echó mano de la Reserva Salarial y Social para afrontar el pago de sueldos estatales. APTS y ATE advierten que no hubo información previa y ponen en duda el manejo del fondo desde su creación.

El senador puntano Fernando Salino denunció ante el ministro Federico Sturzenegger que Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública de San Luis, renunció imputado por defraudación en el caso El Caburé. A su lado, el funcionario nacional Alejandro Cacace, aliado del gobierno de Claudio Poggi, guardó silencio.

 "Van a ir a un hospital, a una salita, y no van a encontrar médico para que los atienda", advirtieron los profesionales en un reclamo que no es escuchado y que cada día se acrecienta. 

Después de ocho imputaciones por corrupción en la causa El Caburé, la Secretaría de Ética y Control de Gestión no cambió un solo funcionario. El equipo de Ricardo André Bazla sigue activo, incluido un hombre acusado de presionar testigos. En el gobierno, nadie explica por qué.

El abogado Pascual Celdrán denuncia que el Gobierno intenta cargar la responsabilidad sobre un funcionario de menor jerarquía mientras protege a los ministros que supervisaron la toma del campo.
 

El diputado nacional, Ernesto "Pipi" Nader Alí desmintió información falsa difundida por el portal El Chorrillero, cuya línea editorial responde a Claudio Poggi y su editor es el periodista Daniel Miranda. La nota fue replicada por todo el aparato de medios poggistas haciendo visible una nueva operación orquestada desde Terrazas.

Los prestadores del programa alimentario más cuestionado de la gestión Poggi acumulan dos meses sin cobrar. Advierten que la calidad de las viandas ya no puede sostenerse y amenazan con abandonar el servicio.

ATE San Luis presentó una denuncia penal contra el gobernador, la ministra de Seguridad y el jefe de Policía tras la represión del 1° de abril frente a la Legislatura Provincial durante la apertura de sesiones.

Legisladores del Bloque Justicialista cuestionaron el discurso de apertura de sesiones del gobernador Claudio Poggi. Lo acusaron de omitir los temas centrales de la agenda social y de confundir gestión con marketing político.

Al menos dos efectivos entraron al predio universitario el miércoles 1 de abril mientras se desarrollaba una clase pública en el marco del conflicto salarial. La Facultad de Ciencias Humanas denunció una violación de la autonomía universitaria y exigió explicaciones a las autoridades provinciales.
 

En la apertura de sesiones, Víctor Moriñigo se fotografió con Alejandro Cacace, el funcionario de Milei que conduce los recortes a las universidades públicas. En la UNSL, donde docentes y no docentes sostienen una pelea de meses, la imagen no pasó inadvertida.

El gobernador habló más de tres horas en la Legislatura y dedicó las primeras dos al Ministerio de Educación. No hubo anuncios sobre viviendas, trabajo, salud ni producción. Afuera, la Policía reprimió a trabajadores estatales de ATE que reclamaban salarios.

La ex jefa de despacho de la Secretaría de Ética declaró ante la Fiscalía el 20 de marzo. Redactó resoluciones por orden del secretario, perdió el trabajo después de declarar y asegura no tener nada que ver con lo que ocurrió en El Caburé.

Una nueva adjudicación a una integrante del gobierno provincial reabrió la polémica en la semana en que Poggi realizó sorteos habitacionales. Es pareja de un diputado provincial y al menos la tercera funcionaria del gabinete en beneficiarse con una vivienda en el mismo barrio. 

Después de meses de marchas y reclamos sin respuesta, el gobierno provincial desembolsó 960 millones de pesos para sostener prestaciones a 471 personas con discapacidad. Los entregó como préstamo.