La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
La desaparición de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz en el campo “El Caburé” ya no es solo una mancha administrativa. Nuevas pruebas apuntan al propio ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y al gobernador Claudio Poggi, quien no podría alegar desconocimiento en un negocio de más de 2 millones de dólares.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura
La inscripción masiva para el Centro de Monitoreo en Juana Koslay mostró el rostro más crudo del ajuste: cientos de puntanos peleando por unos pocos puestos. Ni el intendente ni el gobernador logran esconder la falta de trabajo real en la provincia.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
El gobernador de San Luis felicitó a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza y al peronista, pero su mensaje en redes se viralizó por los errores de ortografía.
Madres y padres de San Luis denunciaron la falta de insulina y reactivos en hospitales públicos. En medio del discurso de “eficiencia y modernización”, el gobierno de Claudio Poggi muestra su costado más crudo: la salud infantil como víctima del ajuste.
El Frente Justicialista presentó una denuncia ante la Justicia Electoral contra el gobernador de San Luis por presunta violación al artículo 64 del Código Nacional Electoral. Lo acusan de usar vehículos oficiales y recursos del Estado para fines proselitistas en plena veda.
El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, vuelve a quedar en el centro de un escándalo por presuntas maniobras de corrupción. Lo acusan de haber facilitado la operatoria que permitió una millonaria venta de maíz, en una trama que mezcla poder político, favores y negocios rurales.
El secretario de Ética Pública se desmarcó del escándalo por la desaparición del maíz del Caburé con un libreto calcado al del libertario José Luis Espert: “no me prestaré al circo mediático”. No dijo dónde está el maíz, ni el dinero, ni cuándo rendirá cuentas.
El gobernador blanqueó lo que todos sabían: su acuerdo con La Libertad Avanza. Mientras lo decía, empleados del Estado retiraban carteles del candidato opositor. Semana clave para el poggismo, entre confesiones políticas y maniobras electorales.
El escándalo por el maíz desaparecido de “El Caburé” golpea en el corazón del gobierno de Claudio Poggi. Los paladines de la ética, Bazla y Endeiza, ahora bajo la lupa judicial, ponen en jaque el discurso moral del oficialismo.
Productores denuncian que el gobierno habría vendido “en negro” una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares. El funcionario Ricardo Bazla, hombre de la "ética" poggista, vuelve a quedar en el centro de un escándalo que salpica a la Justicia y a otros ministerios.
Mientras crece la inseguridad en la provincia, efectivos policiales fueron enviados a espiar un encuentro político. El gobierno de Poggi usa recursos del Estado y medios oficialistas para montar un sistema de persecución ideológica, sin precedentes.
El Bloque Justicialista exige que el Ejecutivo detalle qué pasó con los funcionarios que dieron positivo por consumo de drogas. Reclaman saber si hubo sanciones, contrapruebas y qué medidas se adoptaron tras los resultados informados.
Están previstas para 30 de octubre. Las maniobras del oficialismo para sacar de escena a Laura Sánchez y colocar a Fernando Aguilera en el Concejo Deliberante.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.