RedacciónLa presidenta del Concejo le tomó juramento a Andrea Quiroga en la sesión celebrada este martes, con noventa días de demora. El cuerpo deliberativo había suspendido el acto invocando una supuesta "inhabilidad moral" de la candidata —argumento que no prosperó y que dejó en evidencia la maniobra de los sectores afines al intendente Maximiliano Frontera para impedir su ingreso.
El trasfondo es político y tiene nombre. Antes de las elecciones de mayo de 2025, Quiroga presentó denuncias penales contra Frontera. Las acusaciones apuntan al manejo de aproximadamente 800 millones de pesos girados por la provincia tras la granizada de principios de 2023, y a irregularidades en la administración de recursos municipales y convenios del Estado. La respuesta, según la propia edil, fue la obstrucción de su mandato.
El bloqueo contó con respaldo político de peso. Fuentes del entorno del Concejo señalan que tanto el sector del intendente como el del gobernador Claudio Poggi coincidían en que Quiroga no debía asumir. La figura de "inhabilidad moral" —sin sustento jurídico firme— funcionó como pantalla institucional de esa presión.
La jura de este martes cierra el episodio en términos formales, pero no lo resuelve políticamente. Quiroga ingresa al Concejo con denuncias activas contra el Ejecutivo municipal y con el antecedente de tres meses de bloqueo que el oficialismo no podrá desvincular de su nombre. Para Frontera, la maniobra no solo no impidió la asunción, sino que se convirtió en una dura derrota política.
