Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
San Luis se ubica entre las provincias con mayor deterioro salarial docente del país y, al mismo tiempo, entre las más caras para alimentarse. Dos datos que revelan la magnitud del ajuste en curso bajo la gestión de Claudio Poggi, los sueldos pierden poder real mientras los precios se disparan.
El Gobierno prometió viviendas, pero terminó ofreciendo materiales para construir una pieza. Las redes estallaron y el descontento crece, miles de familias sin terreno quedaron fuera de un sistema improvisado y excluyente.
Tras semanas de tensión con los profesionales, la obra social estatal ajustó la ecuación: subió 4,2% lo que paga a los médicos, pero casi 7% lo que abonan los afiliados. Tal como anticipó El Mosquito Puntano, el final era cantado, los usuarios pagan todo.
Mientras la gestión de Gastón Hissa insiste en ajustar a los empleados municipales, el sindicato profundiza su plan de lucha. Denuncian descuentos ilegales, persecución y violencia laboral en el Centro de Disposición Final.
El intendente de San Luis retomó sus caminatas proselitistas en medio de un clima social adverso. Mientras los barrios reclaman limpieza, iluminación y calles transitables, insiste con una agenda de campaña que ya no convence a nadie.
En plena crisis con el sector, la obra social provincial cerró un acuerdo con la Clínica de la Mujer y la Familia. Médicos denuncian que se trata de un pacto político y que en esas instituciones se emplea a profesionales en negro.
La falta de claridad política y técnica mantiene rehenes a miles de afiliados, mientras el gobierno de Poggi intenta sostener un relato que ya se le desarma.
DOSEP firmó convenios con la Clínica Trinidad, La Italia, la Clínica de la Mujer y la Familia y la Clínica del Adulto Mayor y la Familia. Profesionales advierten que en esas instituciones trabajan médicos de la carrera sanitaria y no es compatible por ley. El conflicto con el Círculo Médico deja a los pacientes sin atención.
La ruptura con el Círculo Médico dejó a miles de afiliados en el limbo. Mientras crecen los reclamos por turnos caídos y cobros indebidos, el gobierno responde con un comunicado ambiguo y la censura de comentarios en redes oficiales.
Adelaida Muñiz se consolidó como una de las ministras de peor desempeño en el gabinete de Claudio Poggi. Entre papelones organizativos, obras millonarias que no resisten una carrera y el abandono a los clubes, el deporte puntano vive su etapa más gris.
Mientras los trabajadores municipales reclaman aumentos y mejores condiciones, los gremialistas del oficialismo —Magallanes, Sosa y Suárez— justifican la falta de incrementos y aceptan la promesa del intendente de recién “evaluar” los salarios en noviembre.
El Consejo Federal envió un llamado de atención respecto a las elecciones en la Liga Sanluiseña de Fútbol tras denuncias de irregularidades. El conflicto golpea de lleno a la candidata oficialista Laura Sánchez, que pierde respaldo entre los clubes y acumula desconfianza también en la AFA.
Reclaman recomposición urgente, recategorizaciones y condiciones dignas, en un escenario donde el Ejecutivo municipal se niega a abrir el diálogo.
Mientras la obra social provincial se hunde en conflictos, la ministra de Salud viajó en mayo a Chicago para estudiar el sistema médico privado de Estados Unidos, justo en la previa de la escalada con los profesionales de la salud en San Luis.
A casi dos años de gestión, el intendente de San Luis convierte tareas de mantenimiento en actos de gobierno, mientras la capital se deteriora entre cloacas desbordadas, basura acumulada y un centro tomado por manteros.
La salida de Ignacio Morris de Turismo expone un nuevo capítulo de tensión entre el radicalismo y Claudio Poggi. El gobernador vuelve a cargar culpas sobre sus aliados mientras protege a su círculo más cercano.
Déficit, caos en los sistemas informáticos y una situación que cada vez está peor. Una funcionaria ligada al adolfismo se quedaría con el cargo, en caso que la ministra Nigra acepte la dimisión de Jorge Vergara.
El incremento alcanza un tristísimo 6% y fue considerado como insuficiente por los trabajadores. Con la plata que tiene de sobra, el gobernador podría aumentar más 50% los salarios estatales.
San Luis no vive una etapa de orden, sino de desmantelamiento. El superávit no es señal de buena administración, sino de una decisión política consciente, la de quitarle a los que más necesitan para engrosar balances y mostrar solvencia ante el poder central.
El INDEC confirmó que San Luis encabeza el desempleo en el país, con cifras que superan incluso al conurbano bonaerense.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
Del Profe Aedes
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.