El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
ProvincialesHace 4 horas
Redacción
En un contexto provincial marcado por la recesión y el ajuste, Tilisarao se convirtió en una excepción. El intendente Juan Manuel Olguín anunció y efectivizó el pago de un bono especial de $100 mil para trabajadores municipales y beneficiarios del programa “Trabajo por Tilisarao”, una medida que representa una inyección de 16 millones de pesos en la economía del pueblo.
“Esta medida la adoptamos ante la difícil situación económica”, explicó Olguín, al destacar que el bono fue abonado este martes. La decisión incluye además a las beneficiarias del plan “Independencia de la Mujer”, quienes recibirán $50 mil por 15 días de trabajo.
Más allá de los números, la iniciativa marca un rumbo distinto dentro del panorama municipal de San Luis. Mientras en ciudades como la capital o Villa Mercedes los intendentes Jorge Gastón Hissa y Maximiliano Frontera se mantienen alineados al discurso del ajuste impulsado por Claudio Poggi y Javier Milei, Olguín apuesta a defender el ingreso de los trabajadores y a sostener la circulación de dinero en su comunidad.
La medida refuerza una idea que parece haberse perdido en la política provincial, la gestión puede ser austera sin dejar de ser humana. Tilisarao, con recursos limitados, demuestra que es posible priorizar a las familias sin descuidar las cuentas públicas
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
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Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
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En los pasillos del Tribunal de Cuentas se comenta que el diputado oficialista Carlos “Charly” Pereira no habría rendido una millonaria suma correspondiente a módulos legislativos. Mientras tanto, el Gobierno provincial mantendría una cómoda ceguera ante el caso, aunque exige transparencia a los opositores.
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Están previstas para 30 de octubre. Las maniobras del oficialismo para sacar de escena a Laura Sánchez y colocar a Fernando Aguilera en el Concejo Deliberante.