Mientras la provincia atraviesa una crisis económica, sanitaria y social sin precedentes, el gobierno de Claudio Poggi dedica tiempo y recursos a remover la tumba de Luis Lusquiños en Terrazas del Portezuelo. Un gesto que revela más sobre su forma de gobernar que cualquier discurso oficial.
Actualidad11 de octubre de 2025
Redacción
La escena parece salida de un mal sueño. Operarios sin identificación, trabajando en silencio dentro del propio corazón del poder provincial, removiendo el sepulcro de quien fue uno de los hombres más influyentes de la política puntana: Luis Lusquiños.
El hecho, más allá de su morbo, desnuda una lógica de gobierno, la del borramiento y la revancha. En lugar de gestionar la crisis que atraviesa San Luis —con hospitales desbordados, escuelas en conflicto y familias que ya no llegan a fin de mes— el oficialismo decidió emplear su energía en una tarea simbólica y mezquina, cavar para eliminar rastros del pasado.
No se trata solo de un traslado. Es un acto político cargado de resentimiento. Porque en el fondo, lo que busca el poggismo no es administrar el presente, sino reescribir la historia para justificar su propio fracaso.
La llamada “revolución institucional” prometida por Claudio Poggi terminó convirtiéndose en una maquinaria de persecución interna, despidos arbitrarios y discursos diseñados para dividir. Con la política del enemigo permanente como la única idea efectiva de gestión, hoy son los docentes, ayer los médicos, mañana cualquiera que se atreva a recordar otra etapa de San Luis.
El gobierno provincial parece obsesionado con demoler todo lo que no le pertenece, incluso la memoria.
Mientras los puntanos esperan soluciones, el poder se entretiene fabricando enemigos y excavando tumbas. No hay política pública, solo revancha. No hay proyecto de futuro, solo odio organizado.
Y en esa maquinaria, cada pala que cava en silencio dentro de Terrazas del Portezuelo no solo remueve tierra, remueve también los límites morales de una gestión que parece dispuesta a todo con tal de borrar lo que la incomoda.
El exdiputado nacional vuelve a San Luis con “Dale San Luis”, una apuesta propia tras su salida de La Libertad Avanza. En su desembarco promete dar batalla por la coparticipación municipal y frenar cualquier intento de reforma constitucional.
El gobernador evitó asumir cualquier responsabilidad por la difusión selectiva de imágenes dentro del servicio penitenciario. Su respuesta evasiva dejó al descubierto el rol del Ministerio de Seguridad y el uso político de un caso judicial.
: Un nuevo desperfecto en una cañería de 250 mm dejó sin servicio a familias del barrio AMPARE y sectores cercanos. La gestión de Jorge Gastón Hissa vuelve a exhibir un problema que se repite antes siquiera de que empiece el verano.
El plan de “ordenamiento” del microcentro duró menos que la publicidad en los medios poggistas. En una semana reaparecieron los choques, las corridas y el destrato. La gestión de Hissa vuelve a mostrar que, detrás del relato, sigue sin resolver el fondo del problema.
La falta de una propuesta salarial real dejó al descubierto la tensión creciente entre el Gobierno y el Poder Judicial. El paro total del 9 al 12 de diciembre anticipa un conflicto que ya no se puede disimular.
Las hinchadas de San Lorenzo y de Independiente de Beazley apuntaron contra la titular de la Liga Sanluiseña durante la premiación. Le reprocharon fallos arbitrales y el manejo institucional. El episodio quedó registrado y escaló en redes.
El ministro de Producción de San Luis deja su cargo señalado por negociados con el programa de viandas escolares y entrega de dádivas durante las elecciones de mayo. También está señalado en la causa El Caburé, en la que denuncian que integrantes del gobierno se llevaron maíz valuado en más de 2 millones de dólares.
El gobernador debió retractarse luego de acusar públicamente a profesionales de integrar una “asociación ilícita”. El episodio evidencia nuevamente su tendencia a desbordarse y tener que recular.
La falta de una propuesta salarial real dejó al descubierto la tensión creciente entre el Gobierno y el Poder Judicial. El paro total del 9 al 12 de diciembre anticipa un conflicto que ya no se puede disimular.
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El gobernador evitó asumir cualquier responsabilidad por la difusión selectiva de imágenes dentro del servicio penitenciario. Su respuesta evasiva dejó al descubierto el rol del Ministerio de Seguridad y el uso político de un caso judicial.
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