Redacción
El enfrentamiento entre el gobierno provincial y los médicos sigue escalando y ahora impacta en un área particularmente sensible: los partos. A partir del 18 de septiembre, los ginecólogos y obstetras que integran el Círculo Médico dejarán de atender pacientes de DOSEP, tras la decisión unilateral de la obra social de romper el convenio. La medida deja a mujeres embarazadas sin la posibilidad de continuar con sus médicos de cabecera, en un tramo clave de la gestación.
El ginecólogo Martín Olivera describió la gravedad de la situación: “Hoy una paciente me preguntaba, muy afligida, si podíamos adelantar la cesárea programada para el 15 de octubre y hacerla antes del 18 de septiembre, para no quedar en el aire por el corte del convenio. Imagínese lo que significa exponer a un bebé a un nacimiento prematuro solo por la incertidumbre de la cobertura”.
El especialista remarcó que la relación médico-paciente en ginecología es profundamente personal y difícil de reemplazar: “Cuesta conseguir ginecólogo, no es solo elegir de una lista. El vínculo es de confianza y eso no se resuelve con un directorio telefónico”.
Entre la angustia y la desprotección
La ruptura del convenio no solo afecta a las mujeres que esperan un parto en los próximos meses, sino que desnuda una crisis más amplia. “Los pacientes nos dicen: ‘Nos descuentan todos los meses, pero no podemos atendernos con el médico que elegimos’. La gente paga, pero no recibe lo que corresponde”, advirtió Olivera.
El problema no se limita a lo económico. La carga emocional de madres y familias, sumada a la falta de certezas, transforma un proceso que debería estar marcado por la tranquilidad en un camino plagado de dudas y miedos.
Un conflicto con final abierto
El escenario abre un interrogante inquietante: ¿qué ocurrirá con las mujeres que tienen partos programados después del 18 de septiembre? Por ahora, ni el gobierno ni DOSEP han dado respuestas concretas. Mientras tanto, los médicos insisten en que no pueden trabajar bajo condiciones en las que, como expresó Olivera, “a uno le digan que le van a pagar lo que quieran y cuando quieran”.
La salud pública se encuentra nuevamente en el centro de una disputa que revela el descalce entre el relato oficial y la realidad cotidiana. En este caso, el costo político no se mide en encuestas ni en números fríos, sino en el derecho de cientos de mujeres a parir con seguridad y acompañamiento.
