El quiebre entre DOSEP y el Círculo Médico deja a cientos de mujeres embarazadas en una situación crítica. Obstetras advierten que algunas pacientes piden adelantar cesáreas por miedo a quedarse sin cobertura.
Provinciales08 de septiembre de 2025
Redacción
El enfrentamiento entre el gobierno provincial y los médicos sigue escalando y ahora impacta en un área particularmente sensible: los partos. A partir del 18 de septiembre, los ginecólogos y obstetras que integran el Círculo Médico dejarán de atender pacientes de DOSEP, tras la decisión unilateral de la obra social de romper el convenio. La medida deja a mujeres embarazadas sin la posibilidad de continuar con sus médicos de cabecera, en un tramo clave de la gestación.
El ginecólogo Martín Olivera describió la gravedad de la situación: “Hoy una paciente me preguntaba, muy afligida, si podíamos adelantar la cesárea programada para el 15 de octubre y hacerla antes del 18 de septiembre, para no quedar en el aire por el corte del convenio. Imagínese lo que significa exponer a un bebé a un nacimiento prematuro solo por la incertidumbre de la cobertura”.
El especialista remarcó que la relación médico-paciente en ginecología es profundamente personal y difícil de reemplazar: “Cuesta conseguir ginecólogo, no es solo elegir de una lista. El vínculo es de confianza y eso no se resuelve con un directorio telefónico”.
Entre la angustia y la desprotección
La ruptura del convenio no solo afecta a las mujeres que esperan un parto en los próximos meses, sino que desnuda una crisis más amplia. “Los pacientes nos dicen: ‘Nos descuentan todos los meses, pero no podemos atendernos con el médico que elegimos’. La gente paga, pero no recibe lo que corresponde”, advirtió Olivera.
El problema no se limita a lo económico. La carga emocional de madres y familias, sumada a la falta de certezas, transforma un proceso que debería estar marcado por la tranquilidad en un camino plagado de dudas y miedos.
Un conflicto con final abierto
El escenario abre un interrogante inquietante: ¿qué ocurrirá con las mujeres que tienen partos programados después del 18 de septiembre? Por ahora, ni el gobierno ni DOSEP han dado respuestas concretas. Mientras tanto, los médicos insisten en que no pueden trabajar bajo condiciones en las que, como expresó Olivera, “a uno le digan que le van a pagar lo que quieran y cuando quieran”.
La salud pública se encuentra nuevamente en el centro de una disputa que revela el descalce entre el relato oficial y la realidad cotidiana. En este caso, el costo político no se mide en encuestas ni en números fríos, sino en el derecho de cientos de mujeres a parir con seguridad y acompañamiento.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
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En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
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Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
El escándalo por el maíz desaparecido de “El Caburé” golpea en el corazón del gobierno de Claudio Poggi. Los paladines de la ética, Bazla y Endeiza, ahora bajo la lupa judicial, ponen en jaque el discurso moral del oficialismo.
El candidato del PJ cargó contra Poggi y denunció la utilización del aparato estatal para favorecer a La Libertad Avanza. En una entrevista con San Luis 24, habló del deterioro económico, la persecución política y la falta de rumbo de los gobiernos provincial y nacional.
El Frente Justicialista presentó una denuncia ante la Justicia Electoral contra el gobernador de San Luis por presunta violación al artículo 64 del Código Nacional Electoral. Lo acusan de usar vehículos oficiales y recursos del Estado para fines proselitistas en plena veda.
Los vecinos estallaron contra el intendente Jorge “Toti” Videla por el nuevo impuesto municipal de seguridad. Denuncian que la tasa es ilegal, arbitraria y que detrás del “plan de monitoreo” se esconde el financiamiento de una mansión de lujo del propio jefe comunal.
Madres y padres de San Luis denunciaron la falta de insulina y reactivos en hospitales públicos. En medio del discurso de “eficiencia y modernización”, el gobierno de Claudio Poggi muestra su costado más crudo: la salud infantil como víctima del ajuste.