El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Provinciales30 de septiembre de 2025
Redacción
El intendente de La Punta, Luciano Ayala, firmó un convenio en 2022 con la empresa Sitios Argentina S.A. para instalar una antena de telecomunicaciones dentro de la planta potabilizadora de agua, sin contar con autorización del Concejo Deliberante, estudio de impacto ambiental ni consulta vecinal. Ahora, dos años después, busca que el cuerpo legislativo homologue el acuerdo y blanquee una maniobra que viola normas básicas de administración pública.
La ordenanza que ahora Ayala quiere sacar a las apuradas
El contrato, firmado a espaldas de la comunidad, otorga a la empresa el uso exclusivo de un terreno municipal durante 13 años, un plazo desmedido que compromete a tres gestiones futuras y que convierte un bien estratégico en un negocio privado a largo plazo. La cesión incluye libre acceso las 24 horas y la instalación de energía, fibra óptica y equipos, sin informes técnicos que avalen la seguridad ni el impacto en la planta.
La ubicación elegida —dentro del predio donde se potabiliza el agua— genera preocupación por los posibles riesgos de contaminación electromagnética. Tampoco se conocen los montos ni condiciones económicas del contrato, lo que agrava la falta de transparencia y deja al municipio en una posición de desventaja frente a la empresa.
Croquis con la ubicación de la antena en la planta de agua
La Carta Orgánica Municipal exige ordenanza previa para toda cesión de bienes públicos, y la Ley Ambiental obliga a realizar estudios y audiencias antes de habilitar proyectos de este tipo. Ayala incumplió ambas normas y ahora pretende que el Concejo apruebe a posteriori una decisión que nació fuera de la legalidad.
Vecinos y organizaciones locales denunciaron el convenio y exigen su anulación, señalando que el intendente busca privatizar un espacio público esencial sin debate ni control. En San Luis capital, un acuerdo similar fue frenado por el Defensor del Pueblo, marcando un precedente que podría replicarse en La Punta.
Con este convenio, Ayala intenta consolidar un negocio por 13 años en un área crítica para la ciudad, sin garantías ambientales ni respaldo institucional. Una decisión que exhibe la falta de planificación y transparencia de su gestión, y que hoy enfrenta el repudio social y político de toda la comunidad.
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La misma persona fue presentada como vecina en actos oficiales realizados en septiembre en Serranías Puntanas y esta semana en Vialidad Nacional. El episodio vuelve a mostrar que el gobierno está más preocupado por el show que por bajar la cantidad de delitos.
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Una ceremonia arruinada por trofeos rotos y medallas recicladas profundiza la crisis de credibilidad de la presidenta de la Liga. Los clubes y árbitros denuncian favoritismos y presiones.
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