El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
ProvincialesHace 1 hora
Redacción
El intendente de La Punta, Luciano Ayala, firmó un convenio en 2022 con la empresa Sitios Argentina S.A. para instalar una antena de telecomunicaciones dentro de la planta potabilizadora de agua, sin contar con autorización del Concejo Deliberante, estudio de impacto ambiental ni consulta vecinal. Ahora, dos años después, busca que el cuerpo legislativo homologue el acuerdo y blanquee una maniobra que viola normas básicas de administración pública.
La ordenanza que ahora Ayala quiere sacar a las apuradas
El contrato, firmado a espaldas de la comunidad, otorga a la empresa el uso exclusivo de un terreno municipal durante 13 años, un plazo desmedido que compromete a tres gestiones futuras y que convierte un bien estratégico en un negocio privado a largo plazo. La cesión incluye libre acceso las 24 horas y la instalación de energía, fibra óptica y equipos, sin informes técnicos que avalen la seguridad ni el impacto en la planta.
La ubicación elegida —dentro del predio donde se potabiliza el agua— genera preocupación por los posibles riesgos de contaminación electromagnética. Tampoco se conocen los montos ni condiciones económicas del contrato, lo que agrava la falta de transparencia y deja al municipio en una posición de desventaja frente a la empresa.
Croquis con la ubicación de la antena en la planta de agua
La Carta Orgánica Municipal exige ordenanza previa para toda cesión de bienes públicos, y la Ley Ambiental obliga a realizar estudios y audiencias antes de habilitar proyectos de este tipo. Ayala incumplió ambas normas y ahora pretende que el Concejo apruebe a posteriori una decisión que nació fuera de la legalidad.
Vecinos y organizaciones locales denunciaron el convenio y exigen su anulación, señalando que el intendente busca privatizar un espacio público esencial sin debate ni control. En San Luis capital, un acuerdo similar fue frenado por el Defensor del Pueblo, marcando un precedente que podría replicarse en La Punta.
Con este convenio, Ayala intenta consolidar un negocio por 13 años en un área crítica para la ciudad, sin garantías ambientales ni respaldo institucional. Una decisión que exhibe la falta de planificación y transparencia de su gestión, y que hoy enfrenta el repudio social y político de toda la comunidad.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
El quiebre entre DOSEP y el Círculo Médico deja a cientos de mujeres embarazadas en una situación crítica. Obstetras advierten que algunas pacientes piden adelantar cesáreas por miedo a quedarse sin cobertura.
La candidatura de Mónica Becerra revela un salto político abrupto y muy armado. De ministra del poggismo a abanderada de Milei en San Luis, su transformación expone las contradicciones de un oficialismo que busca despegarse mientras, al mismo tiempo, la sigue empujando hacia adelante.
La obra social provincial atraviesa una crisis sin precedentes. Desde el Círculo Médico aseguran que el gobierno nunca tuvo intención de negociar y utilizó su aparato mediático para deslegitimar a los profesionales.
El cierre de listas de La Libertad Avanza en San Luis dejó expuesta una feroz interna libertaria: maniobras ocultas, intervención nacional y un diputado que quedó fuera de juego.
La salida de Malvina Orozco expuso la interna en el gabinete municipal y golpeó de lleno al armado político de Agustín Hissa. La funcionaria, acusada de abuso de poder e irregularidades, fue separada del cargo tras la presión pública. En el área ya circula una lista con posibles despidos de trabajadores.
El intendente de San Luis retomó sus caminatas proselitistas en medio de un clima social adverso. Mientras los barrios reclaman limpieza, iluminación y calles transitables, insiste con una agenda de campaña que ya no convence a nadie.
El gobernador de San Luis se reunió con Luis “Toto” Caputo y confirmó su alineamiento con Javier Milei. A cambio de allanar el camino electoral a La Libertad Avanza, recibió la promesa de reactivar una obra que él mismo había frenado y un plan de pagos en cuotas por viviendas ya ejecutadas.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
El diputado nacional mostró su casa en La Toma y lanzó un desafío público al gobernador Claudio Poggi, a quien acusa de enriquecerse a costa del Estado. Denunció persecución judicial y apuntó contra la falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales del mandatario.