Nepotismo a pleno: Más familiares de funcionarios asumieron cargos en el gobierno

Las designaciones quedaron formalizadas el pasado 7 de noviembre. Los nombramientos contradicen el discurso de mérito y austeridad sostenido por Claudio Poggi desde su asunción.

ActualidadHace 1 horaRedacciónRedacción
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El 7 de noviembre de 2025, el gobernador Claudio Poggi firmó dos decretos que oficializaron nombramientos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad. Ambos involucran a familiares directos de funcionarios del gabinete y fueron justificados bajo la fórmula administrativa de “nueva conformación de la estructura orgánica”.

El decreto N° 20758-MS-2025 designó a Martina Juárez como jefa del Área de Comunicación Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública. Juárez es hija del actual jefe de prensa del Ministerio de Seguridad, Pablo Juarez, un funcionario de estrecha relación con la ministra Nancy Sosa, quien además rubricó el decreto que habilitó la incorporación. En el pasado, el comunicador usaba trolls en redes sociales para criticar lo mismo que en la actualidad hizo, acomodar un familiar. 

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Ese mismo día se firmó el decreto N° 20751-MS-2025, que nombró a Liliana María Muñiz Olivera Aguirre como subdirectora de Relevamiento y Desarrollo en el área de Infraestructura en Seguridad. Se trata de la hermana de la ministra de Deportes, Adelaida Muñiz, quien ya cuenta con otros familiares ubicados en distintas dependencias del Estado provincial.

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Ambos decretos comparten fecha, firmas y fundamento administrativo. En los dos casos intervienen Poggi, Sosa y el secretario correspondiente, y en ninguno se informó la realización de concursos, evaluaciones de antecedentes ni criterios públicos de selección.

Las incorporaciones contrastan con las declaraciones realizadas por Poggi al asumir la gobernación, cuando prometió erradicar el amiguismo y priorizar el mérito en el acceso a la función pública. A dos años de aquel discurso, los actos administrativos muestran un funcionamiento distinto.

Mientras el gobierno provincial insiste en la austeridad y el ordenamiento del Estado, los decretos publicados el 7 de noviembre confirman que los apellidos con peso político siguen teniendo acceso directo a cargos clave, sin explicaciones públicas ni mecanismos abiertos de selección.

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