Denuncian violencia y aprietes en la Municipalidad de San Luis

El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.
Actualidad23 de diciembre de 2025RedacciónRedacción
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Un video difundido en redes sociales en las últimas horas, muestra un hecho de violencia en la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Luis, contra un trabajador municipal. Según relataron sus compañeros, el empleado atacado sufrió recientemente un ACV, dato que agrava la situación denunciada.

El episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de Servicios Públicos, un área que oficialmente depende de la secretaria Yanina Miranda, pero que en la práctica, según coinciden trabajadores municipales, es manejada por Agustín Hissa, hermano del intendente Jorge Gastón Hissa, Dardo Perez y el sindicalista Edgar Magallanes. Esa estructura informal es señalada como responsable directa del clima laboral que se vive en el sector.

Empleados del área aseguran que las amenazas y los aprietes no son hechos aislados. Denuncian advertencias constantes, insinuaciones de traslados compulsivos al CDF y la aplicación de castigos administrativos como método de disciplinamiento interno. El video, sostienen, es apenas una expresión visible de prácticas habituales.

Las denuncias por violencia y abuso de poder dentro del municipio no son nuevas. En Cementerio, una funcionaria fue separada tras detectarse el robo de elementos; en Tránsito, un escándalo en plena vía pública derivó en la reubicación de otra funcionaria, sin sanciones visibles; y en el área de Comercio se registraron episodios de agresiones a empleados que tampoco tuvieron derivaciones institucionales claras.

La reiteración de estos hechos expone una lógica de protección interna y reacomodamientos administrativos que evita responsabilidades políticas. Lejos de tratarse de situaciones excepcionales, los antecedentes describen un patrón que atraviesa distintas dependencias municipales.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo municipal no se informó la apertura de ninguna investigación administrativa ni se comunicaron medidas sobre la continuidad de Galván en funciones. El silencio oficial contrasta con la circulación del video y con los testimonios que se acumulan entre trabajadores.

El caso vuelve a colocar en discusión el rol de la conducción política del municipio, la ausencia de controles efectivos y la existencia de áreas que funcionan por fuera de los organigramas formales, con consecuencias directas sobre la integridad y las condiciones laborales de los empleados municipales.

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