Las largas filas en el Banco Supervielle terminaron en frustración, la mayoría de los trabajadores municipales no calificó para el crédito que el intendente presentó como un logro. Salarios por debajo de la línea de pobreza y deudas crecientes exponen el verdadero problema.
El intendente volvió a demostrar que no aprobará nada que no lleve su firma. Vetó la ordenanza impulsada por el concejal de su propio bloque sobre la regulación de los escaparates, sancionada por mayoría en el Concejo Deliberante y acompañada por el Bloque Justicialista. Es el segundo proyecto del edil que cae por decisión del Ejecutivo.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
El intendente de San Luis retomó sus caminatas proselitistas en medio de un clima social adverso. Mientras los barrios reclaman limpieza, iluminación y calles transitables, insiste con una agenda de campaña que ya no convence a nadie.
La salida de Malvina Orozco expuso la interna en el gabinete municipal y golpeó de lleno al armado político de Agustín Hissa. La funcionaria, acusada de abuso de poder e irregularidades, fue separada del cargo tras la presión pública. En el área ya circula una lista con posibles despidos de trabajadores.
El intendente criticó que los concejales de la oposición “se agarren de lo legal” y terminó evidenciando desconocimiento sobre la normativa vigente en la ciudad.
El municipio responsabiliza a un puñado de comerciantes por la suciedad de la capital. Una explicación que roza lo absurdo y desnuda la incapacidad oficial para resolver un problema que arrastra desde el inicio de la gestión.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
Mientras los trabajadores municipales reclaman aumentos y mejores condiciones, los gremialistas del oficialismo —Magallanes, Sosa y Suárez— justifican la falta de incrementos y aceptan la promesa del intendente de recién “evaluar” los salarios en noviembre.
Se trata de personas que lavaban autos en la Plaza Independencia y la Municipalidad de Jorge Gastón Hissa les impidió continuar. La jueza María Eugenia Bona, con vínculos con el poggismo, deberá resolver un caso incómodo donde lo político y lo personal se entrecruzan.
Reclaman recomposición urgente, recategorizaciones y condiciones dignas, en un escenario donde el Ejecutivo municipal se niega a abrir el diálogo.
Familias denuncian montos impagables. El bloque Justicialista presentó un pedido de informe por la "deuda invisible" que la gestión está generando a los ciudadanos.
Por El Profesor Aedes
Daniel Piñeda, subdirector de Ingresos Públicos, intentó apuntar contra la gestión anterior, pero concejales justicialistas lo dejaron expuesto con munición gruesa sobre los desmanejos actuales del municipio.
A casi dos años de gestión, el intendente de San Luis convierte tareas de mantenimiento en actos de gobierno, mientras la capital se deteriora entre cloacas desbordadas, basura acumulada y un centro tomado por manteros.
Los dueños de locales aseguran que la gestión de Jorge Gastón Hissa no solo ignoró los reclamos, sino que permitió la proliferación de vendedores callejeros. Denuncian desigualdad de controles, el abandono de espacios de contención y un impacto negativo en la imagen de la ciudad.
Concejales de la oposición votaron en contra y remarcaron que hubieron sobreejecuciones sin respaldo, dinero fantasma que no está en ningún lado, negociados con fondos FIMA, deuda encubierta y un ajuste brutal que recayó sobre los vecinos y los trabajadores. El oficialista Mario Silvestri se abstuvo, profundizando la grieta con el intendente.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
Tras el reclamo de los vecinos del barrio Cerro de la Cruz y la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Municipio debió suspender la instalación de una torre de telefonía celular que ya estaba completamente montada.
La presidenta del cuerpo fue cuestionada por violaciones al reglamento, abuso de poder y maltrato institucional. Fue protegida por el oficialismo, pero la causa seguirá en la Justicia.
El jefe comunal no solo incumplió su palabra, sino que abandonó por completo el seguimiento del problema. Contaminación, desidia y un Estado ausente.
La avenida Juan Gilberto Funes parece un campo minado. Arreglan un caño y revientan tres. Los vecinos ya no saben si viven en una ciudad o en Venecia.
El Municipio eligió pagar más de $40 millones de pesos por encima de los valores sugeridos. Concejales del Bloque Justicialista presentaron un pedido de informe al intendente para que aclare la situación.
A días de las elecciones, un hombre clave del futsal, renunció a su cargo y a su candidatura en la lista de Laura Sánchez. Su salida expone un escándalo por contrataciones millonarias que salpican a la actual presidenta de la Liga Sanluiseña.
Las largas filas en el Banco Supervielle terminaron en frustración, la mayoría de los trabajadores municipales no calificó para el crédito que el intendente presentó como un logro. Salarios por debajo de la línea de pobreza y deudas crecientes exponen el verdadero problema.
El candidato a diputado nacional por el PJ cuestionó con dureza el modelo económico de Javier Milei, al que calificó de insensible y destructor del tejido social. Reclamó un Estado presente y denunció el drama de los jubilados ante el ajuste y la desprotección sanitaria.
Mientras crece la inseguridad en la provincia, efectivos policiales fueron enviados a espiar un encuentro político. El gobierno de Poggi usa recursos del Estado y medios oficialistas para montar un sistema de persecución ideológica, sin precedentes.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.