El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
El gremio estatal presentó un recurso para revertir la medida de restricción que impide a sus dirigentes acercarse al intendente Jorge Gastón Hissa. Acusan a la Justicia de actuar sin pruebas y de avalar una maniobra política para acallar la protesta social.
El oficialismo de Poggi desempolvó las encuestas truchas para inflar la imagen del intendente de San Luis. Pero los vecinos respondieron con ironía y enojo: los números pueden mentir, las calles rotas y los impuestos no.
El intendente de San Luis volvió a usar los tribunales como escudo. Mientras el reclamo por salarios dignos sigue en las calles, Jorge Gastón Hissa decidió prolongar la restricción de acercamiento contra dirigentes y empleados municipales de ATE. Un gesto político que revela más miedo que autoridad.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
Desde este 29 de octubre, el pasaje de Transpuntano costará $870. El aumento fue firmado apenas horas después de los comicios, confirmando que el ajuste ya estaba listo pero se ocultó antes del voto.
El intendente de Juana Koslay impulsa una tasa municipal para financiar el Centro de Monitoreo, una obra que fue bandera de campaña y terminó en silencio técnico. Los vecinos deberán pagar por un sistema que el propio municipio nunca puso en marcha.
El intendente bloqueó un proyecto aprobado por el Concejo, impulsado por un concejal de su propio espacio. El veto, sin publicación oficial y con argumentos endebles, reavivó la interna en el oficialismo capitalino.
Las largas filas en el Banco Supervielle terminaron en frustración, la mayoría de los trabajadores municipales no calificó para el crédito que el intendente presentó como un logro. Salarios por debajo de la línea de pobreza y deudas crecientes exponen el verdadero problema.
El intendente volvió a demostrar que no aprobará nada que no lleve su firma. Vetó la ordenanza impulsada por el concejal de su propio bloque sobre la regulación de los escaparates, sancionada por mayoría en el Concejo Deliberante y acompañada por el Bloque Justicialista. Es el segundo proyecto del edil que cae por decisión del Ejecutivo.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
El intendente de San Luis retomó sus caminatas proselitistas en medio de un clima social adverso. Mientras los barrios reclaman limpieza, iluminación y calles transitables, insiste con una agenda de campaña que ya no convence a nadie.
La salida de Malvina Orozco expuso la interna en el gabinete municipal y golpeó de lleno al armado político de Agustín Hissa. La funcionaria, acusada de abuso de poder e irregularidades, fue separada del cargo tras la presión pública. En el área ya circula una lista con posibles despidos de trabajadores.
El intendente criticó que los concejales de la oposición “se agarren de lo legal” y terminó evidenciando desconocimiento sobre la normativa vigente en la ciudad.
El municipio responsabiliza a un puñado de comerciantes por la suciedad de la capital. Una explicación que roza lo absurdo y desnuda la incapacidad oficial para resolver un problema que arrastra desde el inicio de la gestión.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
Mientras los trabajadores municipales reclaman aumentos y mejores condiciones, los gremialistas del oficialismo —Magallanes, Sosa y Suárez— justifican la falta de incrementos y aceptan la promesa del intendente de recién “evaluar” los salarios en noviembre.
Se trata de personas que lavaban autos en la Plaza Independencia y la Municipalidad de Jorge Gastón Hissa les impidió continuar. La jueza María Eugenia Bona, con vínculos con el poggismo, deberá resolver un caso incómodo donde lo político y lo personal se entrecruzan.
Reclaman recomposición urgente, recategorizaciones y condiciones dignas, en un escenario donde el Ejecutivo municipal se niega a abrir el diálogo.
Familias denuncian montos impagables. El bloque Justicialista presentó un pedido de informe por la "deuda invisible" que la gestión está generando a los ciudadanos.
Por El Profesor Aedes
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Del Profe Aedes
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.