Redacción
En lugar de abrir una mesa de diálogo, Gastón Hissa prefirió mantener las distancias. Literalmente. El abogado del intendente pidió a la Justicia renovar la restricción de acercamiento contra el secretario general de ATE, Fernando Gatica, y los trabajadores Florencia Mendoza y Walter Barroso. La medida, que ya había sido impuesta durante el conflicto de 2024, fue prorrogada sin que existan pruebas de amenazas o violencia.
Desde el gremio, la lectura es clara: el intendente busca instalar el miedo donde debería haber negociación. “Un plan sistemático de estigmatización y persecución”, definió ATE San Luis en un comunicado en el que denunció la criminalización de la protesta y la falta de respuestas a los reclamos básicos: recomposición salarial, recategorizaciones y pases a planta permanente.
El argumento municipal para sostener la restricción raya lo insólito: el supuesto temor a que los trabajadores generen hechos de violencia durante el Día del Empleado Municipal. Pero el propio sindicato desmintió esa versión, asegurando que no habrá medidas de fuerza ese día por respeto a la fecha y al personal comunal. En criollo, el único que ve un conflicto es el que no quiere enfrentarlo.
No se trata de una medida judicial más. Se trata de un mensaje político, el intendente no quiere cruzarse con quienes le recuerdan que la ciudad se sostiene sobre sueldos de hambre y condiciones laborales precarias. Prefiere mantenerlos lejos, aunque eso implique usar el poder judicial como tapón del conflicto social.
ATE anticipó que apelará la resolución y recordó que en la causa penal abierta el año pasado ya se había determinado la inexistencia de amenazas. Sin embargo, el oficialismo municipal parece decidido a sostener el relato del “enemigo interno”, ese que siempre resulta útil cuando faltan respuestas y sobran problemas.
