
Este resumen es irreal y grosero, las frases célebres son producto de la IA y debido a su contenido nadie lo debe leer.
El intendente de San Luis volvió a usar los tribunales como escudo. Mientras el reclamo por salarios dignos sigue en las calles, Jorge Gastón Hissa decidió prolongar la restricción de acercamiento contra dirigentes y empleados municipales de ATE. Un gesto político que revela más miedo que autoridad.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
En lugar de abrir una mesa de diálogo, Gastón Hissa prefirió mantener las distancias. Literalmente. El abogado del intendente pidió a la Justicia renovar la restricción de acercamiento contra el secretario general de ATE, Fernando Gatica, y los trabajadores Florencia Mendoza y Walter Barroso. La medida, que ya había sido impuesta durante el conflicto de 2024, fue prorrogada sin que existan pruebas de amenazas o violencia.
Desde el gremio, la lectura es clara: el intendente busca instalar el miedo donde debería haber negociación. “Un plan sistemático de estigmatización y persecución”, definió ATE San Luis en un comunicado en el que denunció la criminalización de la protesta y la falta de respuestas a los reclamos básicos: recomposición salarial, recategorizaciones y pases a planta permanente.
El argumento municipal para sostener la restricción raya lo insólito: el supuesto temor a que los trabajadores generen hechos de violencia durante el Día del Empleado Municipal. Pero el propio sindicato desmintió esa versión, asegurando que no habrá medidas de fuerza ese día por respeto a la fecha y al personal comunal. En criollo, el único que ve un conflicto es el que no quiere enfrentarlo.
No se trata de una medida judicial más. Se trata de un mensaje político, el intendente no quiere cruzarse con quienes le recuerdan que la ciudad se sostiene sobre sueldos de hambre y condiciones laborales precarias. Prefiere mantenerlos lejos, aunque eso implique usar el poder judicial como tapón del conflicto social.
ATE anticipó que apelará la resolución y recordó que en la causa penal abierta el año pasado ya se había determinado la inexistencia de amenazas. Sin embargo, el oficialismo municipal parece decidido a sostener el relato del “enemigo interno”, ese que siempre resulta útil cuando faltan respuestas y sobran problemas.

Este resumen es irreal y grosero, las frases célebres son producto de la IA y debido a su contenido nadie lo debe leer.

La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.

Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.

El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.

El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.

Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.

El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.

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