ATE manifestó su preocupación por la escalada de la violencia institucional en el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Apuntan contra el intendente Jorge Gastón Hissa, María Paz Pagano y Laura Sánchez.
Advierten que la gestión municipal tiene casi 7 mil millones de pesos en fondos FIMA que pueden destinarse para beneficiar a los trabajadores. El 100% está por debajo de la línea de pobreza.
Fernando Gatica, secretario general de ATE y Norberto Itzcovich, ex director del INDEC y especialista en estadística, presentaron una serie de datos que da cuenta del brutal ajuste que implementó el gobierno de Claudio Poggi y sus consecuencias.
ATE se declaró en estado de asamblea para analizar las medidas a seguir. Por su parte, los concejales del Frente Justicialista solicitaron una sesión extraordinaria para tratar el otorgamiento.
En los próximos días podrían desarrollarse medidas de fuerza como consecuencias de estas irregularidades. Denuncian desmanejos y persecución en la gestión de Hissa.
Se trata de una resistencia que se multiplica semana a semana, desnudando las carencias que se viven en San Luis.
ATE denunció que el intendente echó a 4 trabajadores sin causa o motivo, solo por pertenecer a su gremio. Ya son más de 300 las personas cesanteadas desde el 10 de diciembre pasado.
Será el jueves 19 de septiembre desde las 8 en respuesta a la ofensiva judicial y mediática impulsada por el gobierno contra ATE.
El caso de ATE es un claro ejemplo del uso de las medidas judiciales para silenciar la disidencia, en un momento crítico en la provincia. Con esta maniobra, el gobierno no solo busca desarticular a ATE, sino también enviar un mensaje intimidante a otros gremios: la protesta y la lucha por los derechos tienen un alto costo.
Solo ATE lo catalogó de insuficiente. Malestar en los municipales por la falta de incrementos reales y el atraso salarial respecto a la situación económica.
Lo hicieron a través de una nota y advirtieron que los salarios de los trabajadores municipales están por debajo de la pobreza.
Desde ATE señalaron que los recursos alcanzan para otorgar $150 mil de aumento al personal municipal de San Luis.
Rechazaron el anuncio del Gobernador y exigen una recomposición acorde a la inflación.
En varios videos que se viralizaron en las redes sociales, se ve como el líder de Obras Sanitarias llegó a Serba a intentar frenar las medidas de fuerza.
Una nueva medida golpea a la gestión municipal por la falta de anuncios respecto a mejoras salariales y la situación de los despidos.
Además reclaman la reincorporación del personal despedido y la entrega de indumentaria, entre otros temas.
La restricción que solicitó muestra su intención de seguir con el relato municipal, mantener el discurso único y evitar la rendición de cuentas respecto a la situación laboral del Municipio.
Le exige a la a la Provincia que aumente sueldos y deje de abonar los sueldos en cuotas. Además repudian las decenas de despidos que el intendente Hissa realizó en la Municipalidad.
Siguen los escándalos en la gestión de Hissa. Este martes al cobrar sus sueldos, muchos trabajadores se encontraron con la triste novedad de que perdieron sus categorías y en algunos otros casos sus plantas permanentes.
Estatales volvieron a recurrir a la justicia por el desdoblamiento salarial. El Pedido fue presentado por ATE y la Defensoría del Pueblo.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Profesionales advirtieron una vez más sobre la crisis en el sistema sanitario. Denuncian la falta de recursos humanos, salarios por debajo de la media y una política de salud desmantelada desde la llegada de Claudio Poggi al poder.