
La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.
Los medios alineados al poggismo intentaron instalar que gremialistas de ATE agredieron a una mujer, pero las imágenes muestran lo contrario, fue la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, quien intentó armar la escena. El trasfondo revela una maniobra política para tapar el reclamo por violencia laboral en la gestión de Hissa.
Actualidad09 de octubre de 2025
Redacción
Mientras los medios alineados al poggismo se apuraron en titular que gremialistas de ATE habían agredido a una mujer en el Concejo Deliberante, los videos del propio recinto desmentieron en tiempo real la versión oficial. No hubo agresión, ni tumulto, ni violencia sindical. Hubo, en cambio, un episodio de maltrato institucional encabezado por la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, quien increpó al personal de ingreso por haber permitido el paso de los trabajadores municipales.
Los empleados, acompañados por el secretario general de ATE, Fernando Gatica, buscaban simplemente participar de la sesión y reclamar por la inacción del municipio frente a las denuncias de violencia laboral. “Desmentimos las operaciones de prensa orquestadas por medios oficialistas. Somos nosotros los que repudiamos la violencia institucional que vivimos a diario”, expresó el sindicalista.
La intervención de concejales del bloque Justicialista fue clave para que los trabajadores pudieran ingresar, luego de que Sánchez intentara bloquear su participación. Lo que debía ser un reclamo pacífico terminó convirtiéndose en una muestra en vivo de cómo se ejerce la violencia institucional que el gremio viene denunciando desde hace meses.
Mientras tanto, los concejales del oficialismo, lejos de dar explicaciones, decidieron abandonar la sesión. “Esperamos que se les descuenten las horas igual que a los trabajadores que fueron sancionados por asistir a asambleas”, ironizó Gatica. La frase resonó fuerte entre los presentes, marcando el contraste entre el rigor que se exige a los empleados y la impunidad con que se mueven los funcionarios aliados al intendente Hissa.
El bloque del PJ también reclamó el tratamiento de un proyecto presentado hace más de un año, que pedía informes sobre la activación del protocolo de violencia laboral en el ámbito municipal. El expediente, como tantos otros que incomodan al poder, permanece “en estudio” dentro de una comisión que parece tener más vocación de archivo que de control.
El episodio dejó al descubierto el mecanismo habitual del poggismo para desviar el foco, crear una falsa polémica mediática para tapar una denuncia real. Pero esta vez, el libreto se les cayó antes de llegar al primer acto. Los videos no sólo desmintieron la supuesta agresión, sino que exhibieron la verdadera violencia que se intenta ocultar, la que baja desde el poder municipal y se ejerce a diario sobre los trabajadores.

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Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.

Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.

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Del Profe Aedes

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

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