Los medios alineados al poggismo intentaron instalar que gremialistas de ATE agredieron a una mujer, pero las imágenes muestran lo contrario, fue la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, quien intentó armar la escena. El trasfondo revela una maniobra política para tapar el reclamo por violencia laboral en la gestión de Hissa.
ActualidadAyer
Redacción
Mientras los medios alineados al poggismo se apuraron en titular que gremialistas de ATE habían agredido a una mujer en el Concejo Deliberante, los videos del propio recinto desmentieron en tiempo real la versión oficial. No hubo agresión, ni tumulto, ni violencia sindical. Hubo, en cambio, un episodio de maltrato institucional encabezado por la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, quien increpó al personal de ingreso por haber permitido el paso de los trabajadores municipales.
Los empleados, acompañados por el secretario general de ATE, Fernando Gatica, buscaban simplemente participar de la sesión y reclamar por la inacción del municipio frente a las denuncias de violencia laboral. “Desmentimos las operaciones de prensa orquestadas por medios oficialistas. Somos nosotros los que repudiamos la violencia institucional que vivimos a diario”, expresó el sindicalista.
La intervención de concejales del bloque Justicialista fue clave para que los trabajadores pudieran ingresar, luego de que Sánchez intentara bloquear su participación. Lo que debía ser un reclamo pacífico terminó convirtiéndose en una muestra en vivo de cómo se ejerce la violencia institucional que el gremio viene denunciando desde hace meses.
Mientras tanto, los concejales del oficialismo, lejos de dar explicaciones, decidieron abandonar la sesión. “Esperamos que se les descuenten las horas igual que a los trabajadores que fueron sancionados por asistir a asambleas”, ironizó Gatica. La frase resonó fuerte entre los presentes, marcando el contraste entre el rigor que se exige a los empleados y la impunidad con que se mueven los funcionarios aliados al intendente Hissa.
El bloque del PJ también reclamó el tratamiento de un proyecto presentado hace más de un año, que pedía informes sobre la activación del protocolo de violencia laboral en el ámbito municipal. El expediente, como tantos otros que incomodan al poder, permanece “en estudio” dentro de una comisión que parece tener más vocación de archivo que de control.
El episodio dejó al descubierto el mecanismo habitual del poggismo para desviar el foco, crear una falsa polémica mediática para tapar una denuncia real. Pero esta vez, el libreto se les cayó antes de llegar al primer acto. Los videos no sólo desmintieron la supuesta agresión, sino que exhibieron la verdadera violencia que se intenta ocultar, la que baja desde el poder municipal y se ejerce a diario sobre los trabajadores.
El Gobierno prometió viviendas, pero terminó ofreciendo materiales para construir una pieza. Las redes estallaron y el descontento crece, miles de familias sin terreno quedaron fuera de un sistema improvisado y excluyente.
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El intendente volvió a demostrar que no aprobará nada que no lleve su firma. Vetó la ordenanza impulsada por el concejal de su propio bloque sobre la regulación de los escaparates, sancionada por mayoría en el Concejo Deliberante y acompañada por el Bloque Justicialista. Es el segundo proyecto del edil que cae por decisión del Ejecutivo.
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El gobernador reconoció su exabrupto con una periodista, pero eludir su vínculo con José Luis Espert revela un nerviosismo que no logra ocultar. La estrategia mediática vuelve a poner el foco en la narrativa oficial.
El aparato comunicacional que responde a Claudio Poggi salió en bloque a instalar la candidatura de Mónica Becerra. Sin propuestas claras para San Luis, su única bandera es respaldar al presidente Milei y garantizar la alianza entre el gobernador y la Casa Rosada.
El gobierno de Claudio Poggi aplicó la tijera en San Luis+, el canal que no mira nadie y que sobrevive a fuerza de bots e influencers pagos. La crisis interna entre el stream y la señal principal ya se volvió inocultable.
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