Alarma en el adolfismo por las supuestas operaciones internas en contra de Berta Arenas

La lectura política dentro de un sector adolfismo es unánime, alguien muy cerca del gobernador Claudio Poggi está operando contra Berta Arenas. La denuncia formalizada por el juez federal Juan Carlos Nacul y la viralización de videos que muestran irregularidades en el Policlínico Regional de Villa Mercedes no son vistas como coincidencia, sino como piezas de una estrategia para desgastar a la directora hasta hacerla insostenible. "Quieren sacarla a Berta, pero no se animan a hacerlo de frente por el costo político", resumió un dirigente mercedino.

Arenas no es una funcionaria técnica, es parte del entramado político que Poggi construyó en Villa Mercedes para sostener su dominio territorial en la segunda ciudad de la provincia. Removerla implica debilitar ese armado y exponer una crisis interna que el gobernador prefiere evitar. Pero sostenerla en medio de los escándalos también tiene precio, y esa tensión alimenta la sospecha de que sectores del oficialismo prefieren forzar su renuncia mediante la exposición pública antes que asumir la responsabilidad de una decisión explícita.

El silencio editorial de los medios vinculados al poggismo es la prueba más clara de que la operación tiene origen interno. Ninguno de los portales o emisoras que habitualmente replican la agenda oficial publicó información sobre las denuncias ni sobre los videos. Ese comportamiento no responde a desinterés periodístico, es una señal de que el gobierno provincial no definió todavía cómo posicionarse públicamente. Mientras tanto, las filtraciones siguen y Arenas queda expuesta sin respaldo explícito del gobernador.

Lo que está en juego excede la gestión hospitalaria. Villa Mercedes es territorio en disputa dentro del adolfismo, y Arenas representa un equilibrio de poder que algunos sectores del oficialismo consideran agotado. La directora tiene vínculos con referentes locales que no siempre alinean con las decisiones del núcleo duro del gobierno provincial, y esa autonomía relativa genera roces en un esquema de poder que Poggi maneja con control centralizado. Las operaciones contra Arenas pueden leerse como un intento de reordenar ese mapa interno sin que el gobernador aparezca como responsable directo.

El timing de las denuncias y la sincronización con la viralización de los videos refuerzan la hipótesis de operación política. Las irregularidades en el Policlínico no son nuevas, pero su exposición pública llegó en un momento preciso y con una amplificación que sugiere coordinación. La intervención del juez Nacul agrega una capa institucional que complica cualquier estrategia de contención y obliga al gobierno provincial a tomar posición en un plazo que no puede estirar indefinidamente.

Poggi, de vacaciones, mantiene distancia pública del conflicto y el gobierno desarrolla un silencio ensodecedor. Ese contraste entre el discurso oficial y la realidad del Policlínico de Villa Mercedes alimenta las versiones de operación interna, el gobernador no puede defender a Arenas sin validar las irregularidades, pero tampoco puede removerla sin asumir el costo político de una crisis dentro de su propia estructura. La solución que algunos sectores del oficialismo ensayan es dejarla caer por peso propio, mediante la acumulación de escándalos que hagan inevitable su salida.