
Transparencia versus misterio: Córdoba publicó sus gastos en pauta oficial, mientras San Luis mantiene en reserva lo que reparte en publicidad e influencers
Redacción
El portal de Transparencia de Córdoba incorporó en diciembre pasado el desglose mensual de la pauta oficial, que incluyó $847 millones ejecutados en el primer semestre de 2024. El detalle abarca medios gráficos, digitales, radio, televisión y redes sociales, con listado de proveedores y conceptos. La información está disponible en formato abierto y permite filtrar por tipo de medio, monto y período.
En San Luis, en cambio, no existe un registro público similar. El gobierno de Claudio Poggi no difunde cuánto invierte en pauta ni discrimina las contrataciones de figuras nacionales o influencers digitales. Tampoco informa qué medios reciben fondos oficiales ni bajo qué modalidad se ejecutan esos gastos, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a publicar datos sobre publicidad oficial.
Algunos casos puntuales salieron a la luz por otras vías. En octubre de 2024, el periodista Luis Majul realizó una charla auspiciada por la provincia de San Luis. Si lo comparamos con Córdoba, "acompañar" al conductor de La Nación + le costó a los puntanos más de $10 millones de pesos.
La provincia contrató además al conductor Marley para promocionar destinos turísticos locales a fin de año, con apariciones en canales nacionales y contenido en redes. No hay información oficial sobre el costo de esas campañas ni sobre los acuerdos con otros creadores de contenido que visitaron San Luis durante el último año. Tampoco se sabe cuánto invierte la administración Poggi en pauta digital, pese a que varios medios afines al oficialismo provincial muestran niveles de inversión publicitaria en redes que resultarían difíciles de sostener sin respaldo estatal en el contexto de crisis del sector.
La ausencia de datos impide conocer el volumen total de recursos que el gobierno puntano destina a comunicación, un rubro que en otras provincias representa entre el 1% y el 3% del presupuesto anual.
Mientras Córdoba sumó herramientas de rendición de cuentas en materia publicitaria, San Luis mantiene un esquema de discrecionalidad que contrasta con las obligaciones legales vigentes. La opacidad no solo afecta el control ciudadano sino que genera interrogantes sobre el uso de fondos públicos en un área sensible para la gestión de la información gubernamental.


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