Este jueves gremios, militantes y público en general se movilizarán al Poder Judicial para reclamar ante la persecución creciente por parte del gobierno de Claudio Poggi y el intendente de la capital, Gastón Hissa, contra ATE y en particular hacia su líder Fernando Gatica.
El conflicto ha escalado debido a la criminalización de las protestas que el oficialismo busca imponer a través de la Justicia provincial, lo que ha desatado un rechazo masivo a nivel nacional. Más que una acción judicial legítima, muchos interpretan este movimiento como un intento de escarmiento político hacia quienes se oponen a las políticas de ajuste y los bajos salarios.
ATE ha sido uno de los gremios más críticos de la gestión de Poggi y Hissa, denunciando los despidos masivos en el sector público y la falta de soluciones a las demandas laborales. Esta resistencia ha convertido a Gatica y a los dirigentes de ATE en una "piedra en el zapato" para el oficialismo, que ahora parece decidido a silenciarlos con medidas judiciales.
Además, la polémica se intensificó con la filtración de información judicial primero al Gobierno Provincial, lo que permitió que medios alineados con el oficialismo, como San Luis+ y El Chorrillero, lanzarán una campaña mediática destinada a desacreditar a ATE y justificar las acciones gubernamentales.
El aparato mediático del gobierno, que incluye medios públicos financiados con fondos del Estado, ha jugado un rol crucial al intentar asociar las protestas con actos delictivos. Este esfuerzo por criminalizar a los trabajadores ha sido ampliamente condenado por sectores gremiales de todo el país, que ven en estas acciones una intimidación política.
Mientras se prepara la movilización, el apoyo nacional a los dirigentes sindicales crece, con gremios y figuras del ámbito laboral respaldando la causa de ATE. Desde el sindicato afirman que la criminalización de la protesta refleja el temor del oficialismo a las voces disidentes, y la marcha de este jueves busca enviar un mensaje claro en defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión.
El ahora ex ministro adujo "motivos personales", pero en Terrazas la interna señala una ruptura con el jefe de prensa del gobierno, Diego Masci y la falta de apoyo del gobernador.
Tendrán mandato hasta el 2028. Unidad y organización de cara a lo que se viene.
A pesar de que el gobierno informó una ocupación hotelera del 75 al 80%, los datos reales indican que apenas se alcanzó el 70%, según hoteleros y la CAME.
La intendenta de la localidad, Macarena Benítez pidió en julio ayuda al Gobierno Provincial y no fue escuchada.
Mientras la administración provincial pregona la meritocracia, su propio ministro de Educación, Guillermo Araujo, actúa en contra de este principio. Los concursos docentes revelan favoritismos, donde la afiliación política determina el acceso rápido a cargos, dejando a otros profesionales en desventaja.
La crisis social se ubica en valores cercanos a los registrados durante la catástrofe económica y social de 2001. A fin de septiembre, habrá un informe oficial de Indec.
Hubo cortes de calles por la falta del servicio en los barrios Eva Perón y Cerro de la Cruz. Los inconvenientes ya llevan 72 horas sin respuesta del Municipio.
El análisis es hasta el mes de septiembre. En la actualidad podrían seguir activos estos pagos paralelos, ya que la Municipalidad de Hissa nunca informó al respecto y que involucran al secretario Legal y Técnico de la Comuna, entre otros funcionarios.
El pedido del intendente de La Punta es para el próximo 23 de diciembre. Sorpresa en el mundo político por la tardanza en el envío de los proyectos.
