La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
Provinciales16 de octubre de 2025
Redacción
Una presentación ingresada el 14 de octubre ante la Fiscalía de Instrucción N°2 de San Luis, a cargo de Federico Barbeito, volvió a encender la tensión en la causa que investiga a la ex presidenta del Concejo Deliberante provincial Agustina Arancibia Rodríguez por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escrito reclama que se obligue a la concejala Laura Sánchez a presentarse a declarar, luego de haber sido citada en tres oportunidades y haber ignorado todas las convocatorias. La presentación apunta directamente al fiscal Barbeito, a quien le piden que haga cumplir la “carga pública” que rige para cualquier testigo.
La causa, identificada como PEX 391218/24, fue iniciada por una denuncia del bloque Justicialista que expusieron presuntas irregularidades dentro del Poder Legislativo durante la gestión de Arancibia Rodríguez. En ese contexto, la declaración de Sánchez se consideraba clave por su posible conocimiento de los hechos.
Pero la edil, pese a su condición de funcionaria pública, no se presentó. Esa actitud, advierten que podría configurar una falta grave o incluso desacato, dado que ningún ciudadano —y menos un representante electo— puede desentenderse de una citación judicial.
El reclamo busca evitar que la investigación quede estancada por la falta de colaboración de testigos con información relevante. En los tribunales, algunos observan el silencio de Sánchez como una señal política más que jurídica, en una causa donde los vínculos entre poder, justicia y lealtades personales pesan tanto como las pruebas.
Mientras el fiscal evalúa los próximos pasos, el caso vuelve a poner en evidencia la intromisión del gobierno en los temas judiciales y el manejo irregular de los poderes del Estado. Con agilidad para algunas cuestiones y demoras profundas en causas que recaen sobre funcionarios del oficialismo.
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La Municipalidad de San Luis anunció un corte masivo en el casco céntrico en plena ola de calor, para resolver una obra demorada desde el 11 de noviembre. La decisión expone descoordinación, apuro y una gestión que reacciona cuando la paciencia ya se evaporó.
San Lorenzo e Independiente de Beazley rechazaron disputar la final del domingo 30 de noviembre tras denunciar que la conducción de Laura Sánchez pretende retener la totalidad de la recaudación.
Del Profe Aedes
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El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
El reconocimiento se realizó durante la última sesión ordinaria y fue avalado por la presidencia que encabeza Alberto Leyes y el vice gobernador Ricardo Endeiza. El gasto contrasta con el discurso de austeridad que el oficialismo sostiene frente a trabajadores y sectores vulnerables.
Se trata de Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno, Teresa Nigra y Sergio Freixes. Con la resolución del máximo tribunal, los condenados deberán ser detenidos para cumplir la pena efectiva de 6 años.
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La difusión del registro que muestra el ingreso del exfuncionario Sergio Freixes a la cárcel derivó en críticas abiertas a la ministra Nancy Sosa. Señalan maniobras políticas, falta de control interno y un operativo para ocultar la detención de Mario Zabala, ligado al oficialismo.
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