El Tribunal cerró sin investigar tres expedientes por presunto mal desempeño y castigó a los profesionales que impulsaron la denuncia. Un fallo que expone la lógica de disciplinamiento dentro del sistema judicial puntano.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
El Jurado de Enjuiciamiento de San Luis resolvió archivar las acusaciones contra la fiscal María Delia Bringas, señalada por irregularidades en tres causas penales, y ordenó arresto domiciliario de 12 horas para los abogados denunciantes. Un trámite veloz para eximir a la funcionaria y un rigor inédito para quienes pidieron su enjuiciamiento.
Los expedientes PEX 435540/25, 454256/25 y 449984/25 describían presuntas negligencias, abusos de autoridad y maniobras procesales discutibles. Sin embargo, el Jury no habilitó etapa investigativa, no llamó a testimoniales ni revisó actuaciones. La decisión se limitó al archivo y a un castigo directo hacia Salvador Scarso, Carlos Varela y María de los Ángeles De Pascuale.
La resolución lleva la firma de ocho miembros del Tribunal, ninguno de los cuales ofreció una fundamentación que explique por qué denuncias con sustento documental terminaron derivando en un arresto domiciliario para los denunciantes. La sanción se cumplirá entre las 8 y las 20, bajo control estatal.
El fallo trascendió los límites provinciales. Leonardo Martínez Herrero, ex subsecretario bonaerense de Fiscalización Policial, lo calificó como “escandaloso” y “retrógrado”, y advirtió que constituye un precedente que busca disciplinar a los profesionales del derecho y vulnera principios elementales del Estado de Derecho.
Es otro hecho que deja muchas dudas sobre el funcionamiento del sistema de control interno en San Luis. El órgano creado para evaluar la conducta de magistrados actuó como escudo corporativo y desplazó el foco desde la fiscal acusada hacia los abogados que la señalaron.
El mensaje político-institucional muy alineado al oficiales es que no se investigó a la funcionaria, pero sí se sancionó a quienes cuestionaron su desempeño. Un movimiento que instala dudas profundas sobre la independencia del Jury y sobre la capacidad del sistema judicial puntano para revisarse a sí mismo, en medio de la intromisión del gobierno del Claudio Poggi.
La difusión del registro que muestra el ingreso del exfuncionario Sergio Freixes a la cárcel derivó en críticas abiertas a la ministra Nancy Sosa. Señalan maniobras políticas, falta de control interno y un operativo para ocultar la detención de Mario Zabala, ligado al oficialismo.
El anuncio económico del intendente abrió una grieta entre sus propios aliados sindicales. Mientras UPCN y el gremio municipal celebraron un 5% que apenas suma $30 mil, Obras Sanitarias sorprendió con un rechazo frontal.
Se trata de Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno, Teresa Nigra y Sergio Freixes. Con la resolución del máximo tribunal, los condenados deberán ser detenidos para cumplir la pena efectiva de 6 años.
La gestión de Jorge Gastón Hissa vuelve a perder funcionarios en el área que administra los fondos municipales. La salida se suma a una secuencia que expone inestabilidad y dudas sobre el manejo de los recursos.
El reconocimiento se realizó durante la última sesión ordinaria y fue avalado por la presidencia que encabeza Alberto Leyes y el vice gobernador Ricardo Endeiza. El gasto contrasta con el discurso de austeridad que el oficialismo sostiene frente a trabajadores y sectores vulnerables.
Al intentar despegarse de los escándalos, la presidenta de la Liga deslizó que impedir la llegada de un club a una final “es muy fácil”. Lejos de aclarar, abrió una grieta más profunda.
La salida de Andrés "Pocho" Heredia sacude el núcleo duro del intendente, al ser uno de las personas más cercanas. Denuncias y los constantes desmanejos habrían sido el motivo de la dimisión que aún no fue confirmada oficialmente.
Entre el 67% que informó la CAME y el 85% que celebró el Gobierno hay más que una diferencia técnica: hay un relato inflado para maquillar otra temporada floja.
El reconocimiento se realizó durante la última sesión ordinaria y fue avalado por la presidencia que encabeza Alberto Leyes y el vice gobernador Ricardo Endeiza. El gasto contrasta con el discurso de austeridad que el oficialismo sostiene frente a trabajadores y sectores vulnerables.
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Se trata de Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno, Teresa Nigra y Sergio Freixes. Con la resolución del máximo tribunal, los condenados deberán ser detenidos para cumplir la pena efectiva de 6 años.
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El Puntano, medio poggista propiedad de Emanuel Moreno y Adriana Gurlino, difundió imágenes tomadas dentro del Servicio Penitenciario. Señalan a la ministra de Seguridad por permitir la salida del material, mientras intentan minimizar la situación del otro condenado, Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud, Teresa Nigra