Repudio generalizado a la ministra Sosa por la seguridad interna en los penales

La difusión del registro que muestra el ingreso del exfuncionario Sergio Freixes a la cárcel derivó en críticas abiertas a la ministra Nancy Sosa. Señalan maniobras políticas, falta de control interno y un operativo para ocultar la detención de Mario Zabala, ligado al oficialismo.

ActualidadHace 1 horaRedacciónRedacción
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La filtración del video donde se ve a Sergio Freixes ingresando al penal para cumplir su condena desató un cuestionamiento directo a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. La grabación, realizada desde el interior del Servicio Penitenciario, abrió un debate sobre el nivel real de seguridad interna y el uso político de un ámbito que debería operar bajo protocolos estrictos.

El rechazo se profundizó cuando se conoció que, al mismo tiempo, el gobierno decidió exhibir públicamente la detención de Freixes pero ocultar la de Mario Zabala, esposo de Teresa Nigra, figura influyente del oficialismo y del círculo más cercano al gobernador Claudio Poggi. Ese contraste fue leído en redes como una maniobra orientada a proteger a aliados mientras se expone a opositores o distanciados del poder.

Los comentarios fueron inmediatos y apuntaron al corazón del sistema penitenciario. “Si desde adentro pueden grabar a un condenado conocido, imaginate lo que pueden hacer con cualquiera que no tenga nombre”, escribió un usuario, cuestionando la fragilidad del control interno. Otro señalaba: “El penal no puede ser un set para operaciones políticas. Si un guardia filma, es porque la cadena de mando falló”.

La ministra Sosa quedó en el centro del enojo por dos frentes: la seguridad vulnerada y la utilización política del episodio. En redes se multiplicaron reclamos por la falta de presencia policial en las calles mientras se destinan esfuerzos a montajes internos. “Nos roban todos los días y la preocupación del gobierno es grabar entradas al penal”, dijo un vecino de la capital.

El caso de Zabala fue, además, uno de los temas más repetidos. La ausencia total de imágenes o información oficial alimentó sospechas de un operativo para resguardarlo de la exposición pública. “¿Por qué nadie muestra al otro condenado? Es porque es amigo del gobernador”, afirmaba otro mensaje que circuló masivamente.

Las críticas también apuntaron al rol de los agentes penitenciarios. Algunos comentarios expresaron temor por el manejo de la información dentro del penal: “Si un carcelero decide usar el celular, la privacidad del detenido depende del humor del día. Eso es gravísimo”. Otros reclamaron respuestas claras: “Queremos saber quién filmó, quién autorizó y por qué se filtró”.

El gobierno evitó dar detalles sobre las diferencias en el tratamiento de los dos condenados. Mientras tanto, la presión pública crece y coloca a la ministra Sosa en una de las situaciones más delicadas desde que asumió el cargo, con la credibilidad del sistema penitenciario en el centro del conflicto.

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