Denuncia

Javier "Tato" Pereyra, funcionario de la Municipalidad de La Punta, fue denunciado por agredir a una persona en la vía pública. El parte médico certifica lesiones en costillas, hombro, frente y brazos. Vecinos señalan que no es el primer apriete de un integrante del gabinete municipal.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.

Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.

Los vecinos estallaron contra el intendente Jorge “Toti” Videla por el nuevo impuesto municipal de seguridad. Denuncian que la tasa es ilegal, arbitraria y que detrás del “plan de monitoreo” se esconde el financiamiento de una mansión de lujo del propio jefe comunal.

El Frente Justicialista presentó una denuncia ante la Justicia Electoral contra el gobernador de San Luis por presunta violación al artículo 64 del Código Nacional Electoral. Lo acusan de usar vehículos oficiales y recursos del Estado para fines proselitistas en plena veda.

El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, vuelve a quedar en el centro de un escándalo por presuntas maniobras de corrupción. Lo acusan de haber facilitado la operatoria que permitió una millonaria venta de maíz, en una trama que mezcla poder político, favores y negocios rurales.

El escándalo por el maíz desaparecido de “El Caburé” golpea en el corazón del gobierno de Claudio Poggi. Los paladines de la ética, Bazla y Endeiza, ahora bajo la lupa judicial, ponen en jaque el discurso moral del oficialismo.

Productores denuncian que el gobierno habría vendido “en negro” una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares. El funcionario Ricardo Bazla, hombre de la "ética" poggista, vuelve a quedar en el centro de un escándalo que salpica a la Justicia y a otros ministerios.

La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.

El intendente comisionado de Villa de Praga, Ramón Cruz, denunció penalmente al actual director de DOSEP, Jorge Arturo Vergara, por presunta defraudación.

La presidenta del Concejo Deliberante enfrenta una causa por desobedecer una orden judicial. Su gestión, marcada por desprolijidades y defensa incondicional al intendente Hissa, entra en un nuevo capítulo de crisis política.

Andrés "Pocho" Heredia fue acusado de facturar millones a la empresa de transporte municipal, pese a ocupar un cargo jerárquico dentro del Ejecutivo. La denuncia apunta a un conflicto de intereses y a una posible malversación de fondos públicos.

El intendente alegó su propia torpeza y le tiró la responsabilidad al gobierno. Bromatología no controla las viandas que reciben los niños en las escuelas y los padres manifestaron su preocupación ante la desidia.

Apuntan a la responsabilidad por la falta de controles a los alimentos que le proporcionan a los niños en las escuelas. El gobierno busca culpables, mientras los padres denuncian irregularidades.

El abogado y autor de la denuncia, Gustavo Reviglio, advirtió que “luego de estar parada en la Justicia Federal, la causa comenzó a avanzar”. Canales nacionales se hicieron eco de la situación.

En 2019, la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Agustina Arancibia Rodríguez fue sumariada por la denuncia del Servicio Médico encargado del control de Ausentismos (Se.M.A).

Denuncian que el estado de los alimentos es cada vez peor. El intendente Ayala sigue sin dar respuestas y desde su gestión amenazan con cerrar el lugar si las quejas continúan.

Se trata de Andrés Heredia y Agustina Diaz Turk, quienes facturan con contratos de locación a la empresa de transporte. No es la primera vez que la actual gestión municipal es señalada por el pago de sobresueldos a los funcionarios.

Se da luego de que El Mosquito publicara los millonarios contratos entre el gobierno y distintas empresas ligadas a funcionarios.

Será el lunes 9 de septiembre. Acumula dos fallos en su contra por no reincorporar a 13 trabajadores.

Solicitó la investigación luego de la difusión de plazos fijos millonarios que realizó la nueva gestión provincial apenas asumió.

Asociaciones ambientales le advirtieron al gobierno y a la intendencia las consecuencias de estas tareas desarrolladas por la gestión de Gastón Hissa.

Empresarios y comerciantes que participaron del proceso aseguran que hay dos empresas constructoras que son “Bendecidas” por su cercanía política. Una de ellas, muy vinculada a la pareja de una ministra del gobierno de Poggi, ya fue favorecida con distintos contratos en el Centro de Disposición Final (CDF).