Laborda irá a la justicia por las privatizaciones de los sistemas informáticos

El reconocido periodista, abogado y ex legislador Raúl Laborda informó que irá a la justicia por las polémicas privatizaciones de los sistemas informáticos en San Luis. La acción judicial surge tras la revelación de los millonarios contratos entre el municipio, el gobierno y empresas vinculadas a funcionarios locales, expuesta en un reciente artículo de El Mosquito Puntano.

En su programa de radio, en FM Nuestra 91.1, Laborda advirtió que todo esto podría tratarse de negociados y que es necesario que el gobierno dé explicaciones. “Mientras los empleados públicos cobraban en cuotas, el gobierno cerraba contratos millonarios con empresas cercanas”, disparó el ex legislador. 

Según la investigación periodística, el gobierno de San Luis ha entregado la gestión de áreas estratégicas de tecnología y datos a manos privadas mediante contratos opacos que benefician a firmas con conexiones políticas. Entre los acuerdos más cuestionados, se destacan los contratos otorgados a empresas que tienen vínculos directos con funcionarios del entorno del intendente Gastón Hissa. Este hecho ha generado indignación y sospechas sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.

Por otro lado, Laborda señaló que estas acciones ponen en riesgo la seguridad y la confidencialidad de la información pública. "Estamos frente a un modelo de gestión que prioriza los intereses privados sobre el bienestar común, afectando directamente a los ciudadanos de San Luis", expresó. 

El caso ha cobrado relevancia no solo por el impacto financiero de los contratos, sino también por la pérdida de control del Estado sobre sectores cruciales. Laborda ha anunciado que presentará una denuncia formal en los próximos días, exigiendo que se investiguen las irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación, así como la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Este movimiento busca frenar la ola de privatizaciones que, según Laborda, amenaza con desmantelar el aparato estatal en favor de grupos empresariales afines al poder político. Con este paso, el ex legislador pretende llevar la discusión al ámbito judicial y forzar al gobierno a rendir cuentas sobre la transparencia y legalidad de sus decisiones.

Será la segunda vez que Laborda va a la justicia por los manejos poco claros del gobierno. Hace semanas hizo una presentación por la constitución de plazos fijos por parte del gobierno de Poggi. 

En ese sentido, advirtió que aún no tuvo respuesta de la fiscalía. “Me dijeron que me iban a llamar y nunca lo hicieron”, precisó.