
El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.
Apuntan a la responsabilidad por la falta de controles a los alimentos que le proporcionan a los niños en las escuelas. El gobierno busca culpables, mientras los padres denuncian irregularidades.
Actualidad18 de marzo de 2025
Redacción
Legisladores justicialistas del ámbito nacional, provincial y municipal presentaron una denuncia penal contra el gobernador Claudio Poggi y los responsables del Ministerio de Educación por la falta de controles en los alimentos del Plan de Alimentación Nutricional Escolar (PANE), que derivó en la intoxicación masiva de estudiantes.
“Recurrimos a la justicia para que se investigue ya que el gobierno no da información, no responde a los pedidos y hay más de 60 casos de personas que fueron atendidas por consumir estos alimentos. Hay un escudo del gobernador que todo lo que hace mal, culpa a la gestión anterior”, explicó la legisladora nacional, Natalia Zabala Chacur.
La denuncia fue formulada contra Claudio Javier Poggi, y/o al actual Ministro de Educación de la Provincia de San Luis, CPN Guillermo Araujo, y/o a los demás funcionarios/as y/o particulares proveedores del Estado y/o responsables de elaborar, transportar, distribuir, conservar, recibir, entregar y controlar bromatológicamente los alimentos en cuestión .
Los legisladores advirtieron que el oficialismo, en lugar de asumir responsabilidades, optó por el manual de crisis más básico, buscar culpables en la sombra. “Quieren posicionarse como víctimas, pero los únicos damnificados aquí son los chicos. Ellos son los responsables de garantizar que los alimentos sean seguros y de calidad”, advirtió el concejal, Juan Martín Divizia.
Los pedidos de informe y las advertencias sobre las irregularidades bromatológicas del PANE no son una novedad. Desde el año pasado, tanto diputados y concejales como docentes y familias han alertado sobre las pésimas condiciones en las que se entregaban los alimentos en las escuelas.
La respuesta del gobierno fue el silencio. Ahora, el problema explotó en las peores condiciones, niños intoxicados, descomposturas masivas y un escándalo sanitario que sugiere una absoluta negligencia de la gestión de Poggi.

El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.

Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.

La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.

La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.

La Municipalidad anunció medidas de “ordenamiento” urbano durante 2025, pero no logró sostener ninguna política efectiva. Los conflictos en la vía pública continúan y dejaron en evidencia una gestión sin planificación ni ejecución real.

Los homicidios de una madre y su hija, la persistencia de robos y el conflicto abierto entre la Policía y la ministra Nancy Sosa son los últimos episodios de una crisis que se arrastra desde hace al menos dos años. El cierre de año encuentra al gobierno provincial sin respuestas estructurales en el área.

El intendente de San Luis encabezó un nuevo acto para mostrar vehículos que ya habían sido presentados como “compras recientes” en al menos tres ocasiones durante el último año. La puesta en escena se dio en medio de críticas por el deterioro de los servicios básicos en la ciudad.

El Concejo Deliberante aprobó las emergencias económica, administrativa, del transporte y del agua enviadas por la intendencia. La oposición cuestionó la falta de información, el uso político de las herramientas y señaló que la crisis real de la ciudad no fue abordada

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