Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
Pascual Celdrán, abogado de de los herederos del campo "El Caburé", dialogó con El Mosquito Puntano y dio detalles sobre la participación de los funcionarios de Claudio Poggi, la actuación de la Justicia y las denuncias que hizo el gobierno a funcionarios de la gestión anterior. En medio del escándalo por el desvío y posterior robo del maíz del predio El Caburé, la defensa de los denunciantes vuelve a señalar hacia la cúpula del gobierno provincial. Mientras el gobierno insiste en involucrar a funcionarios de la gestión anterior y desviar la atención de los verdaderos responsables.
Celdrán afirma que el propio gobierno impulsó denuncias falsas para modificar el rumbo de la causa. Según relata, el fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, presentó una acusación “absolutamente falsa” con el fin de torcer la investigación. “Ni Freixes ni ningún ministro anterior administró jamás el campo. El decreto de 2017 estaba impugnado y nunca fue notificado, por lo que la posesión siguió en manos privadas. Denunciar rendiciones inexistentes es un acto de mala fe”, sostuvo, recordando que la Justicia terminó separando esa presentación del expediente por su inconsistencia.
El abogado también explicó que la defensa había advertido el riesgo antes de que el maíz fuera sustraído. “Presentamos una cautelar porque ingresaron cosechadoras de manera abrupta. Pedimos una audiencia y planteamos el peligro, pero el juez dijo que no había constancia de que fueran a llevárselo. Aun así, cosecharon todo con total impunidad”, resumió.
Celdrán apunta también a la maniobra oficial para concentrar la responsabilidad en el exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger, quien días atrás pidió que se resguarde su celular por temor a un hackeo. “En ese teléfono está la orden del entonces fiscal de Estado, Víctor Endeiza, de hacer el convenio con Anselmi y de cosechar el maíz. Están los mensajes. Una parte ya fue aportada y esta semana se presentaron más pruebas”, indicó. La estrategia de responsabilizar solo a Oviedo, asegura, “es otra mentira para dilatar el proceso”.
La actuación de la Justicia provincial es otro punto de tensión. “Cada vez confío menos. Hay una presión evidente del Ejecutivo. La causa no avanza. Anselmi fue llamado como testigo, lo que prácticamente lo libera. Y quieren imputar solo a Oviedo cuando hay pruebas que comprometen a funcionarios de mayor jerarquía. Es un manejo muy raro”, subrayó.
La denuncia alcanza a Víctor Endeiza —hoy miembro del Superior Tribunal—, al ministro de Ética, Ricardo André Bazla, a Diego Amondaraín, señalado en audios por planificar cómo retirar el maíz sin facturación, y a Francisco Anselmi, cuya participación, sostiene, debe ser investigada. “Ya presentamos una denuncia penal federal contra todos ellos y estamos esperando resultados”, agregó.
Consultado sobre el rol del gobernador, Celdrán fue directo: “Poggi sabía. No solo buscaron disimular que el maíz fue sustraído por funcionarios de su propio gobierno, sino que después salió a burlarse de los empresarios afectados. Nunca lo escuché decir que le preocupa que sus funcionarios se hayan llevado dos mil hectáreas de maíz”.
La investigación, asegura, solo podrá avanzar si se revisan teléfonos, órdenes y cadenas de mando. Y si la Justicia se anima a mirar hacia arriba.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
En los hospitales públicos ya no hay margen para el maquillaje poggista, faltan insumos, los salarios se hunden y el Gobierno intenta vender un 5% como un logro. La brecha entre el relato oficial y la realidad del sistema sanitario expone una crisis que se agrava
El gobernador insiste en que “la educación lo es todo”, pero cuando tuvo que votar por nuevas universidades nacionales, desapareció del recinto. Hoy recibe honores académicos mientras su historial legislativo dice exactamente lo contrario.
El Gobierno provincial volvió a chocar con los sindicatos al ofrecer un incremento salarial muy por debajo de lo reclamado. La propuesta llega en un clima de tensión, protestas en marcha y un creciente desgaste de los sueldos estatales.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
En los hospitales públicos ya no hay margen para el maquillaje poggista, faltan insumos, los salarios se hunden y el Gobierno intenta vender un 5% como un logro. La brecha entre el relato oficial y la realidad del sistema sanitario expone una crisis que se agrava
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.