Un estudio del CEPA reveló 11 conflictos industriales en San Luis con despidos, suspensiones y cierres durante 2025

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró 11 focos de conflicto industrial en la provincia de San Luis, con despidos, suspensiones y cierres de plantas durante 2025. El estudio incluye empresas multinacionales y firmas nacionales históricas, lo que expone una crisis extendida en los principales polos productivos del territorio provincial.

Entre las compañías afectadas figuran Arcor y Ledesma en el rubro alimentación y papel; Zanella, Rheem y Dana en la industria metalúrgica; TN Platex en el sector textil; Supercanal y Megacable en servicios y medios; Avery Dennison y Cidal S.A. en química y plásticos; y La Punta Bus en transporte. El informe subraya que los conflictos no responden a un solo sector, sino a un deterioro general del entramado productivo.

El escenario se desarrolla en paralelo a un ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Claudio Poggi, que redujo el gasto público sin desplegar políticas de compensación productiva. La contracción del consumo, los salarios atrasados frente a la inflación y la caída de la actividad impactaron de forma directa en la estabilidad laboral, especialmente en industrias con alta dependencia del mercado interno.

Desde el Ejecutivo provincial se sostiene que la desocupación descendió, pero el propio mercado laboral muestra otro movimiento: el crecimiento del monotributo como forma dominante de inserción. Parte de esa expansión proviene del Estado y otra de los emprendimientos promovidos oficialmente, que no generan empleo asalariado ni sostienen actividad a mediano plazo.

Los créditos productivos difundidos por el gobierno, de alrededor de 4 millones de pesos por beneficiario, resultan insuficientes para sostener un emprendimiento básico. Con esos montos, según referentes del sector, no se cubren ni tres meses de servicios, alquileres o insumos, lo que limita cualquier posibilidad de consolidación y formalización del trabajo.

La política industrial del poggismo se reduce a recorridas por naves industriales y anuncios de bajo impacto, sin un plan integral de desarrollo, financiamiento escalable ni protección del empleo existente. En ese marco, los conflictos se acumulan sin respuestas estructurales y con escasa intervención estatal.

El mapa elaborado por el CEPA concentra los puntos críticos en los principales polos industriales de San Luis. La coexistencia de multinacionales y empresas nacionales en situación de crisis confirma que el problema no es sectorial ni aislado, sino el resultado de un modelo económico que ajusta, precariza y deja al sistema productivo sin herramientas para sostener empleo real.