La semana del juicio a Cintia Ramirez dejó varias cuestiones para analizar. He aquí unas apostillas escritas a las apuradas, sin precisión periodística, pero con el toque de operación fidedigna que corresponde a la editorial de este medio.
“Nos cobran un impuesto nuevo para que el Toti se pague la casa”: bronca en Juana Koslay por la tasa de seguridad de Videla
Los vecinos estallaron contra el intendente Jorge “Toti” Videla por el nuevo impuesto municipal de seguridad. Denuncian que la tasa es ilegal, arbitraria y que detrás del “plan de monitoreo” se esconde el financiamiento de una mansión de lujo del propio jefe comunal.
Actualidad24 de octubre de 2025
Redacción
En Juana Koslay, la paciencia vecinal llegó al límite. El intendente Jorge “Toti” Videla impuso una nueva tasa municipal de 20.001,76 pesos mensuales destinada a financiar un supuesto “servicio de seguridad urbana preventiva”. Pero en lugar de sentirse más seguros, los contribuyentes sienten que los están asaltando desde la propia Municipalidad.
“Nos cobran un impuesto nuevo para que el Toti se pague la casa”, repiten con bronca en los grupos de WhatsApp barriales. La frase, mitad broma y mitad denuncia, refleja el clima que se respira en la ciudad, una mezcla de indignación, desconfianza y hartazgo.
La mansión y el secreto a voces
La sospecha no surge de la nada. “En Juana Koslay todo el mundo sabe que en paralelo a la obra del Centro de Monitoreo, el intendente se hizo una mansión, con la misma empresa y los mismos materiales”, relató Alejandro, vecino.
La vivienda, ubicada en el exclusivo barrio privado La Pancha III, ocupa más de 2.000 metros cuadrados, tiene 415 m² construidos y una pileta de 66 m², valuada en más de 640 millones de pesos. Un lujo difícil de justificar para un funcionario cuyo sueldo, por más intendente que sea, no da para tanto cemento.
Mientras la mansión crece, el famoso “Centro de Monitoreo” sigue siendo una promesa vacía. “Creímos que con las cámaras todo iba a mejorar, pero fue una mentira. Los robos nunca frenaron y las cámaras nunca funcionaron”, lamenta Matías, otro vecino que se siente estafado por el relato de la seguridad.
Los vecinos aseguran que no existen cámaras operativas, ni patrullajes, ni presencia de Guardia Urbana, pese a que ahora deben pagar por ese servicio. “Nos cobran por algo que no existe”, resumen con resignación.
Medidas
En una presentación colectiva ingresada por Mesa de Entradas, los vecinos denunciaron que la ordenanza “carece de fundamentación técnica y económica”, ya que no contiene estudios de costos ni evaluación presupuestaria. El texto apunta contra la opacidad del intendente y advierte que la medida “vulnera los principios de transparencia y razonabilidad” exigidos por ley. En otras palabras, Videla inventó un impuesto sin explicar ni cuánto cuesta el servicio ni en qué se usa el dinero.
La tasa, que se presenta como una política de seguridad, parece más un negocio personal. “Parece que el intendente se quiere ir con algo en el bolsillo. Es un papelón que tengamos que pagar por seguridad. ¿Dónde está el Gobierno?”, se pregunta Juan, de Las Chacras.
En Juana Koslay, la ironía se convirtió en defensa ante el abuso. Y la frase que recorre los barrios, “Nos cobran un impuesto para que el Toti se pague la casa”, ya no suena exagerada, sino como una síntesis brutal de lo que muchos sienten, que la seguridad se convirtió en el pretexto perfecto para otro negociado político.
Te puede interesar
Del colectivo al juicio. Y del juicio a la pauta. La cuenta, ahora, es otra.
Si García Márquez nos enseñó que hay historias cuyo final se conoce desde el inicio, el juicio Ramírez parece inscribirse en esa tradición. No por su veredicto, sino por una intromisión anunciada que fue desdibujando, escena tras escena, el rol del Ministerio Público Fiscal.
El oficialismo Invirtió millones en pauta oficial, operaciones mediáticas, alquiló dos colectivos y quedó en nada. La fiscalía pidió entre 5 y 7 años de prisión. El Colegio de Jueces absolvió a la ex secretaria de Deportes por falta de pruebas suficientes y le aplicó una condena en suspenso que no implica un solo día de cárcel.
Causa Ramírez: tres claves de un juicio "político" flojo de pruebas
Franklin Lucero
ActualidadEl juevesCierran los alegatos de una causa que el poggismo explotó durante meses en medios y redes: una perito que desconoce parámetros básicos del mercado automotor, una auditoría firmada por un funcionario próximo a ser indagado por corrupción, y el testimonio del propio ex gobernador que desmontó el argumento central de la fiscalía.
Tasaciones de escritorio: cuando la teoría choca con la realidad del mercado
Lavalle
ActualidadEl juevesUna tasación presentada en pleno juicio pone bajo la lupa algo más profundo: ¿se puede fijar el valor de un colectivo con una fórmula contable, sin mirar el mercado y sobre un estado que no es el original? Entre números que no cierran y criterios discutibles, el caso Ramírez deja más preguntas que respuestas.
El fiscal de Estado suplente anunció una presentación judicial contra Alberto Rodríguez Saá horas después de quedar expuesto en el estrado. La causa Ramírez acumula más condenas mediáticas que sustancia jurídica.
Denunciarían a Claudio Poggi por sobreprecios en un almuerzo de $43 millones: siete claves de un gasto bajo la lupa
Franklin Lucero
ActualidadEl juevesEl Gobierno de San Luis destinó $43,2 millones para un almuerzo empresarial en Buenos Aires, sin licitación y a través de un ente estatal. El costo por cubierto supera siete veces el valor de mercado. La lógica es idéntica a la que el propio oficialismo usa para procesar a la gestión anterior.
Lo más visto
Causa El Caburé: Oviedo Helfenberger declaró que cumplía órdenes de Bazla y Endeiza
Franklin Lucero
ActualidadEl miércolesDijo que los funcionarios del gobierno de Poggi vendieron el maíz valuado en más de dos millones de dólares y después lo culparon a él. El próximo 25 de marzo, Ricardo Bazla —hoy secretario de Ética provincial— tendrá su audiencia ante el juez Cuello.
Denunciarían a Claudio Poggi por sobreprecios en un almuerzo de $43 millones: siete claves de un gasto bajo la lupa
Franklin Lucero
ActualidadEl juevesEl Gobierno de San Luis destinó $43,2 millones para un almuerzo empresarial en Buenos Aires, sin licitación y a través de un ente estatal. El costo por cubierto supera siete veces el valor de mercado. La lógica es idéntica a la que el propio oficialismo usa para procesar a la gestión anterior.
El oficialismo Invirtió millones en pauta oficial, operaciones mediáticas, alquiló dos colectivos y quedó en nada. La fiscalía pidió entre 5 y 7 años de prisión. El Colegio de Jueces absolvió a la ex secretaria de Deportes por falta de pruebas suficientes y le aplicó una condena en suspenso que no implica un solo día de cárcel.
Durante dos años, el oficialismo convirtió la compra de un colectivo en emblema de corrupción. La Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener ese delito, pero la maquinaria comunicacional ya había hecho su trabajo. ¿Cuánto costó instalar un relato que no se pudo probar?
En pleno juicio, el fiscal adjutor Rafael Berruezo forzó una lectura que no estaba en el expediente y terminó desordenando la estrategia oficial. Dos días después, el fallo dejó su jugada sin sustento y abrió una pregunta incómoda: ¿actuó como fiscal o como actor político?
Si García Márquez nos enseñó que hay historias cuyo final se conoce desde el inicio, el juicio Ramírez parece inscribirse en esa tradición. No por su veredicto, sino por una intromisión anunciada que fue desdibujando, escena tras escena, el rol del Ministerio Público Fiscal.
Del colectivo al juicio. Y del juicio a la pauta. La cuenta, ahora, es otra.
La semana del juicio a Cintia Ramirez dejó varias cuestiones para analizar. He aquí unas apostillas escritas a las apuradas, sin precisión periodística, pero con el toque de operación fidedigna que corresponde a la editorial de este medio.