Los vecinos estallaron contra el intendente Jorge “Toti” Videla por el nuevo impuesto municipal de seguridad. Denuncian que la tasa es ilegal, arbitraria y que detrás del “plan de monitoreo” se esconde el financiamiento de una mansión de lujo del propio jefe comunal.
Actualidad24/10/2025
Redacción
En Juana Koslay, la paciencia vecinal llegó al límite. El intendente Jorge “Toti” Videla impuso una nueva tasa municipal de 20.001,76 pesos mensuales destinada a financiar un supuesto “servicio de seguridad urbana preventiva”. Pero en lugar de sentirse más seguros, los contribuyentes sienten que los están asaltando desde la propia Municipalidad.
“Nos cobran un impuesto nuevo para que el Toti se pague la casa”, repiten con bronca en los grupos de WhatsApp barriales. La frase, mitad broma y mitad denuncia, refleja el clima que se respira en la ciudad, una mezcla de indignación, desconfianza y hartazgo.
La mansión y el secreto a voces
La sospecha no surge de la nada. “En Juana Koslay todo el mundo sabe que en paralelo a la obra del Centro de Monitoreo, el intendente se hizo una mansión, con la misma empresa y los mismos materiales”, relató Alejandro, vecino.
La vivienda, ubicada en el exclusivo barrio privado La Pancha III, ocupa más de 2.000 metros cuadrados, tiene 415 m² construidos y una pileta de 66 m², valuada en más de 640 millones de pesos. Un lujo difícil de justificar para un funcionario cuyo sueldo, por más intendente que sea, no da para tanto cemento.
Mientras la mansión crece, el famoso “Centro de Monitoreo” sigue siendo una promesa vacía. “Creímos que con las cámaras todo iba a mejorar, pero fue una mentira. Los robos nunca frenaron y las cámaras nunca funcionaron”, lamenta Matías, otro vecino que se siente estafado por el relato de la seguridad.
Los vecinos aseguran que no existen cámaras operativas, ni patrullajes, ni presencia de Guardia Urbana, pese a que ahora deben pagar por ese servicio. “Nos cobran por algo que no existe”, resumen con resignación.
Medidas
En una presentación colectiva ingresada por Mesa de Entradas, los vecinos denunciaron que la ordenanza “carece de fundamentación técnica y económica”, ya que no contiene estudios de costos ni evaluación presupuestaria. El texto apunta contra la opacidad del intendente y advierte que la medida “vulnera los principios de transparencia y razonabilidad” exigidos por ley. En otras palabras, Videla inventó un impuesto sin explicar ni cuánto cuesta el servicio ni en qué se usa el dinero.
La tasa, que se presenta como una política de seguridad, parece más un negocio personal. “Parece que el intendente se quiere ir con algo en el bolsillo. Es un papelón que tengamos que pagar por seguridad. ¿Dónde está el Gobierno?”, se pregunta Juan, de Las Chacras.
En Juana Koslay, la ironía se convirtió en defensa ante el abuso. Y la frase que recorre los barrios, “Nos cobran un impuesto para que el Toti se pague la casa”, ya no suena exagerada, sino como una síntesis brutal de lo que muchos sienten, que la seguridad se convirtió en el pretexto perfecto para otro negociado político.
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