Los concejales de Jorge Gastón Hissa en la capital decidieron no sesionar esta semana. Excusas eléctricas, miedo político y un hilo conductor: evitar que se hable de corrupción a días de las elecciones.
Actualidad
Redacción
A la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, le volvió a dar “juevitis”. Justo el único día que el Concejo debía sesionar, el oficialismo de Jorge Gastón Hissa anunció que no habrá reunión. El argumento suena tristemente conocido, “problemas eléctricos”.
La jugada es mas vieja que las mañas evidentes del poggismo, evitar que se hable de los casos de corrupción que golpean tanto al gobierno provincial como a la Municipalidad capitalina. Lo mismo ya había pasado en mayo, cuando se suspendieron sesiones en Diputados con el pretexto de arreglos edilicios. Ahora rotaron los papeles: los cortes de luz se mudaron al Concejo y la falta "espontanea" de quórum a la Legislatura.
"Paradójicamente, hoy es el Día del Legislador, el mismo día en que el poggismo y @gastonhissa
decidieron que no haya sesión en ninguno de los parlamentos de la provincia. No quieren oír ni dar explicaciones sobre los hechos de corrupción que atraviesan sus gobiernos", remarcó el concejal Justicialista, Andrés Russo.
El temor del gobierno es evidente. A pocos días de las elecciones, Poggi y Hissa intentan controlar la agenda pública y esquivar cualquier debate que exponga la mala gestión o las denuncias que los rodean. Es la política del silencio, no sesionar, no dar explicaciones, y esperar que el ruido se apague solo.
Sánchez, por su parte, parece seguir el libreto sin desviarse. Sus errores de gestión se suman a los conflictos en la Liga Sanluiseña de Fútbol, donde las denuncias por irregularidades ya son parte del paisaje. Cada vez que el oficialismo enfrenta una semana complicada, el recurso es el mismo, cerrar las puertas y culpar a la electricidad.
El gobierno provincial centra su política de seguridad en alarmas comunitarias, un plan reciclado que no funcionó. Videos y testimonios de robos se viralizan a diario mientras la ministra Nancy Sosa admite que "la alarma sola no es más seguridad".
El histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (firmado hace pocos días tras 25 años de negociaciones) quedó detenido en seco por una votación en Estrasburgo. El Parlamento Europeo decidió enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para que analice si es compatible con los propios tratados del bloque.
YPF Gas lanzó un plan piloto para evaluar un nuevo tipo de garrafa plástica más liviana y reciclable, con foco en facilitar el uso hogareño del gas licuado.
La provincia registra 142 casos cada 100.000 habitantes mientras el promedio del país es de 90. La diputada y ex ministra de Salud, María José Zanglá denuncia desfinanciamiento provincial y falta de campañas de prevención tras el recorte nacional.
Dos personas usuarias de silla de ruedas fueron impedidas de acceder gratuitamente a una cancha pública para realizar una actividad de rehabilitación. La Fundación Pappo Balague denunció el hecho y habló de una vulneración concreta de derechos.
Vecinos de distintas zonas de la Capital denuncian en redes que el agua potable sale de color negro y con olor nauseabundo desde hace más de 10 días. Es la cuarta vez en el año que sufren fallas en el servicio mientras Hissa no da respuestas.
Un informe nacional de la CAME sobre la temporada 2026 destaca destinos con alta ocupación por eventos y naturaleza. San Luis no aparece entre los más elegidos y apenas recibe una mención secundaria por su agenda cultural.
La ANSES confirmó que en febrero de 2026 se abonará un extra equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 346.800) a quienes cumplan con los requisitos de la prestación por desempleo.
Vecinos de distintas zonas de la Capital denuncian en redes que el agua potable sale de color negro y con olor nauseabundo desde hace más de 10 días. Es la cuarta vez en el año que sufren fallas en el servicio mientras Hissa no da respuestas.
Dos personas usuarias de silla de ruedas fueron impedidas de acceder gratuitamente a una cancha pública para realizar una actividad de rehabilitación. La Fundación Pappo Balague denunció el hecho y habló de una vulneración concreta de derechos.
La provincia registra 142 casos cada 100.000 habitantes mientras el promedio del país es de 90. La diputada y ex ministra de Salud, María José Zanglá denuncia desfinanciamiento provincial y falta de campañas de prevención tras el recorte nacional.