El secretario de Ética Pública se desmarcó del escándalo por la desaparición del maíz del Caburé con un libreto calcado al del libertario José Luis Espert: “no me prestaré al circo mediático”. No dijo dónde está el maíz, ni el dinero, ni cuándo rendirá cuentas.
Actualidad21 de octubre de 2025
Redacción
El escándalo por la cosecha de maíz desaparecida en el predio El Caburé ya dejó de ser un simple ruido interno en el gobierno de Claudio Poggi. Lo que empezó como una denuncia por la venta irregular de toneladas de grano —valuadas en unos dos millones de dólares— se convirtió en un laberinto político que arrastra a figuras claves del oficialismo. Entre ellos, al propio secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien prefirió callar y echarle la culpa a los medios.
Bazla, que debería ser la voz de la transparencia y el control interno, eligió una estrategia ya conocida: el silencio altivo. “Daré mis explicaciones a la Justicia y no me prestaré al circo mediático”, dijo, repitiendo casi palabra por palabra lo que en su momento ensayó José Luis Espert para zafar de una crisis de imagen. Pero el problema no es lo que dice, sino todo lo que evita decir.
No aclaró dónde está el maíz. Tampoco explicó qué pasó con los millones de dólares que surgieron de su venta. No precisó si hubo controles, ni qué funcionarios intervinieron, ni en qué condiciones se habría producido el traslado del grano. En cambio, prefirió victimizarse y acusar a la prensa de “tergiversar” la información.
El audio filtrado, en el que se escucha al hermano del ministro Gonzalo Amondaraín dar instrucciones paso a paso sobre cómo sacar el maíz de manera irregular, es una bomba que nadie logra desactivar. Lejos de negar categóricamente los hechos, Bazla optó por desentenderse: dijo que el audio “no tiene nada que ver” y que no va a responder “porque no corresponde”. Un libreto de manual cuando la política se queda sin argumentos.
En teoría, el funcionario que tiene a su cargo velar por la ética pública debería ser el primero en abrir los archivos y poner sobre la mesa los registros de lo ocurrido. Pero eso no sucedió. Las 2.000 hectáreas de El Caburé siguen siendo un territorio opaco, sin trazabilidad ni papeles. No hay facturas, no hay contratos, no hay balances. Solo hay sospechas.
Bazla prometió “dar explicaciones a la Justicia”, aunque no dijo cuándo ni cómo. Y lo hace justo en el peor momento para hablar de independencia de poderes: con una Justicia provincial cuestionada por su cercanía con el Ejecutivo y por su lentitud para investigar casos que incomodan al poder político.
El escándalo del Caburé desnuda algo más que una operación irregular, muestra la fragilidad moral de un gobierno que habla de transparencia pero tiene nichos de corrupción en todos lados. Bazla, que debería ser el contralor ético del poggismo, hoy se parece más a su abogado defensor.
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El ministro de Producción de San Luis deja su cargo señalado por negociados con el programa de viandas escolares y entrega de dádivas durante las elecciones de mayo. También está señalado en la causa El Caburé, en la que denuncian que integrantes del gobierno se llevaron maíz valuado en más de 2 millones de dólares.
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